La agricultura, la ganadería, la industria alimentaria, el tratamiento de locales y viviendas o incluso la higiene personal. Un informe de la Unión Europea del año 2001 establecía que el 40% de las frutas y verduras que consumimos presentaban restos de plaguicidas, y que el 3,9% contaban con niveles superiores a los permitidos. Estamos en contacto permanente con los plaguicidas, pero sus efectos no sólo se dejan notar en las plagas. Una gran parte de estas sustancias tóxicas son disruptores endocrinos(interfieren en el sistema hormonal), bioacumulativos y persisentes, lo que les convierte en una seria amenaza para la salud y el medioambiente. El riesgo es mayor para las personas expuestas durante las distintas fases de producción, manipulación y empleo, pero también para los que consumen productos tratados. Intoxicaciones, infertilidad, esterilidad masculina, cáncer, alergias, afecciones del sistema nervioso, son algunos de los efectos nocivos que pueden tener los plaguicidas.

Consumo creciente

Sin embargo, su consumo no para de crecer. En España, superó las180.000 toneladas en 2003, lo que supone un incremento de casi un 40% respecto a 1998. Andalucía, según la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA) –representante del sector de fabricantes de plaguicidas-, es la primera consumidora por comunidades autónomas, con un 33% del total.

En el año 2004, ISTAS y CCOO de Andalucía realizaron un informe en el que se diagnosticaba la salud laboral en los invernaderos de Almería, donde se consume el 25% de los plaguicidas de Andalucía. Según el estudio, sólo el 48% de los trabajadores encuestados habían recibido información sobre los riesgos de exposición a plaguicidas y las medidas de prevención que debían adoptarse en el manejo de estas sustancias. El diagnóstico elaborado por ISTAS-CCOO denunciaba la presencia de plaguicidas en el medio físico de las zonas de cultivo de invernaderos. En concreto, se documentó la presencia de plaguicidas en el agua (superficial, subterránea, marina y de grifo), aire, suelo, productos cultivados, restos agrícolas vegetales y residuos plásticos. El estudio constató que el 42% de los plaguicidas utilizados eran disruptores endocrinos y/o persistentes y bioacumulativos. Casi el 27% de los plaguicidas encontrados y analizados por los distintos estudios científicos en los que se basaba el estudio habían sido retirados del mercado o estaban en proceso de retirada por la gravedad de sus efectos en la salud y el medio ambiente.

Ante esta situación, no extraña que en 2002 el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía registrara 118 casos de intoxicaciones agudas por plaguicidas, 98 de ellas de origen laboral, en Almería y eso a pesar de que la normativa comunitaria y estatal de los últimos años ha endurecido los niveles de exigencia y control de la producción, comercialización y aplicación de los plaguicidas.

Plaguicidas, en la cesta de la compra

La normativa ha reducido también los límites máximos de residuos de plaguicidas permitidos en productos agrarios destinados al consumo (productos vegetales, leche, carne), a pesar la cesta de la compra cotidiana presentan restos de estas sustancias. En un reciente estudio publicado por la Agencia de Salud Pública de Barcelona, en el que se analizaron distintos productos agrarios adquiridos en comercios minoristas de la ciudad durante el periodo 1998-2003, se constató a presencia de plaguicidas en el 10% de los mismos. En concreto, el 28% de las frutas analizadas, un 20% de los cereales y derivados y un 7% de las verduras contenía restos de estas sustancias tóxicas. Si bien las cantidades halladas estaban dentro de los límites legales permitidos, lo más preocupante es que se encontraron restos de sustancias plaguicidas que son disruptores endocrinos (malathion, procimidona, dimetoato, fenitrothion, diazinon, imazalil y fenvalerato) o cancerígenos (folpet).

Ya en un informe de la Unión Europea del año 2001 se establecía que el 40% de las frutas y verduras que consumimos presentaban restos de plaguicidas, y que el 3,9% presentaban niveles superiores a los permitidos.

Pero incluso aunque los niveles no fuesen superados, no implica que el riesgo desaparezca, ya que los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos permitidos por la legislación no son fijados atendiendo a la persistencia, la condición de disruptor endocrino o al efecto bioacumulativo de las sustancias.

Propuestas

Para reducir el riesgo de los plaguicidas, es necesaria una evolución hacia prácticas que aboguen por un menor empleo de estas sustancias tóxicas (lucha integrada) o, mejor aún, por prácticas libres de tóxicos (agricultura ecológica), a la par que se mejoren los controles sobre la producción y el empleo de las mismas.

La prevención, formación y control deben de ser pilares fundamentales para la consecución de un ámbito en el que el empleo de los plaguicidas se desarrolle con las máximas garantías de seguridad para aquellos sujetos expuestos a los mismos, y para el medio ambiente.

Para conseguir este objetivo, desde luego no ayuda el oscurantismo con el que la Administración trata la información referida a los plaguicidas (producción, distribución, consumo, control, niveles de sustancias medidas en productos). La gravedad de los riesgos derivados de estos productos y el derecho de los trabajadores y trabajadoras a conocer tales riesgos en el desempeño de su relación laboral, extensivo a todos los ciudadanos y ciudadanas, hacen necesario un cambio radical en este sentido.

Para tal fin, se hace necesaria, entre otras medidas, la constitución de un registro público de plaguicidas donde se proporcione una información completa y actualizada, concerniente a los productos fitosanitarios producidos y aplicados, su presencia en los productos de consumo y demás parámetros de relevancia para así tener una visión de la realidad lo más completa posible que garantice la seguridad de todos los agentes implicados.

Más información:

ISTAS
Antonio Ferrer
aferrer@istas.ccoo.es
Dolores Romano
dromano@istas.ccoo.es