Segundo ciclo de planificación hidrológica 2015-2021: un cierre en falso
Angel Muñoa
El último Consejo Nacional del Agua ha aprobado los informes preceptivos para que el Consejo de Ministros dé el visto bueno a la totalidad de los Planes de Cuenca de las 27 demarcaciones presentes en el Estado español. Con ello se cierra el segundo ciclo de planificación hidrológica que corresponde al periodo 2015-2021 y el Estado español pone fin al retraso acumulado desde 2009 y se pone al día en cuanto al cumplimiento del calendario de planificación hidrológica establecido en la Directiva Marco del Agua.
En conjunto, aunque han sido aprobados con amplia mayoría, en proceso ha puesto de manifiesto una fractura entre la comunidad hídrica tradicional (regantes, hidroeléctricas y otros políticos y usuarios habitualmente ligados con estos) y el gobierno a causa, fundamentalmente, del cumplimiento de los objetivos ambientales, en especial los caudales ecológicos, las reservas naturales fluviales y las áreas y zonas de protección que establece la normativa. En varias ocasiones ha sido necesaria la intervención de FENACORE, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, eterna y fiel aliada de cualquier gobierno de la derecha, para reconducir los votos negativos y las abstenciones que se han producido en las cuencas, como es el caso de la del Tajo. Las hidroeléctricas, UNESA y CEOE se han abstenido o votado en contra también en ciertos planes en defensa de sus intereses económicos afectados, según ellos, por la imposibilidad de caudal suficiente para turbinar. Conviene recordar que las centrales hidroeléctricas, ya amortizadas, generan pingües beneficios.
El rechazo general a todos los planes ha sido la pauta de las organizaciones ecologistas. Las razones de esta posición se centran en la insuficiencia de los objetivos ambientales, el escaso interés por definir con rigor caudales ecológicos y el mantenimiento de una política convencional de infraestructuras.
CCOO comparte una parte importante de estas críticas pero hemos optado por la abstención en casi todas las oportunidades salvo en los planes del Tajo (por el tratamiento que se da al trasvase Tajo-Segura) y en el del Júcar. Este posicionamiento se ha fundamentado en:
- La redacción de planes poco realistas que hipotecan a la administración pública en el futuro para realizar una política de aguas racional y diseñados para conseguir la aprobación del mismo por la mayoría de la comunidad hídrica tradicional de regantes, hidroeléctricas, empresarios y asociaciones agrarias a los que se les ha asegurado las concesiones y todas las grandes obras de regulación pretendidas (grandes obras ya en proceso y muchas otras pendientes) con financiación mayoritariamente pública (80% pública y 20% privada) y a las CCAA asumiendo todas las reservas para abastecimiento y regadío que en la planificación sectorial de su competencia han demandado. Para CCOO se generan y aseguran mas empleos y de mayor calidad incidiendo en los sistemas de uso de agua en la industria, en el abastecimiento y saneamiento y en la protección del medio hídrico.
- Las inversiones previstas y los empleos asociados son insuficientes. En este sentido se puede afirmar que la inversión pública no responde a la necesidad de generar el máximo empleo estable y en condiciones deseables.
- La determinación de los caudales ecológicos (el instrumento que la normativa española ha asumido para cumplir la DMA) es insuficiente y la concertación se ha desarrollado solo con usuarios (quienes cuentan con concesión de uso). Lo mismo puede decirse de la determinación de las Reservas Naturales Fluviales.
- La inclusión de numerosas infraestructuras desestimadas en principio por su falta de viabilidad y que han sido reincorporadas justificándolas en muchas ocasiones con demandas infladas y desechando la recuperación de costes.
- No se han introducido adecuadamente los efectos del cambio climático en los recursos totales y en los disponibles.
- Se ha obviado en la planificación las autorizaciones de exploración de hidrocarburos no convencionales (fracturación hidráulica) solicitadas en la cuenca del Ebro cuyo impacto en las demandas y en la contaminación de masas de agua pueden ser inabordables.
- La participación social, a pesar del avance que se ha producido y de los tres periodos de información pública, ha sido esencialmente simbólica (sin capacidad de voto) y el poder de decisión real sigue en manos de la comunidad tradicional a través de su sobrerrepresentación en los órganos de gestión y participación de los Organismos de Cuenca.
En definitiva, ha sido un cierre en falso del proceso de planificación urgido el gobierno por el calendario previsto por Bruselas y por la elecciones generales que traen vientos de cambio y ha llevado al gobierno ha asegurar el voto agrario. Los planes aprobados no suponen un avance en una gestión racional y sostenible de los recursos hídricos y quedará pendiente para el próximo ciclo 2021-2027.
Angel Muñoa, secretario de energía de CCOO y representante suplente de CS CCOO en el Consejo Nacional del Agua