Doñana. Una pérdida anunciada
Doñana.
Quienes durante años consintieron y promovieron continuas actuaciones que generaban el deterioro creciente de nuestro espacio natural más emblemático, intentan ocultar ahora la verdadera dimensión de lo ocurrido el 25 de Abril con la rotura de la presa de las Minas de Aznalcóllar. Desde hace décadas venían tratando a Doñana como si fuera un zoológico, un espacio cerrado y delimitable administrativamente, al que solo podía afectarle lo que pasase tras sus fronteras interiores de tinta y competencias. Nada funciona en la naturaleza con fronteras burocráticas. Una instalación que nunca debió estar en esas condiciones y en aquel lugar (la balsa de residuos mineros), destruyó el sistema de gestión natural de la comarca de Doñana, dejando al descubierto la inoperancia de los mecanismos de gestión administrativa existentes. El frágil equilibrio entre aguas dulces, marismas, riberas agrícolas, pesca de desembocadura, seres salvajes y población humana quedó roto bajo los lodos tóxicos de la multinacional Boliden-Apirsa.
Antes o después tenía que pasar
Entre las innumerables amenazas que planeaban sobre Doñana, la más denunciada y documentada, era la de unas instalaciones de extracción de mineral en las que se generaban residuos tóxicos en grandes cantidades e inadecuadamente gestionados. Esta situación, innumerables veces comentada por ecologistas, científicos e investigadores, se agravó al tenerse conocimiento en 1994 de que residuos, procedentes del Polo Químico de Huelva eran recepcionadas por Boliden-Apirsa, sin que esta empresa fuera gestora de residuos ni nada similar. La información procedía de estudios de EGMASA, dependiente de la Agencia de Medio Ambiente de Andalucía, que señalaba los riesgos del trasiego de residuos entre empresas del Polo Químico y las instalaciones mineras, a las que se estaban trasladando también ácidos débiles, que, como se pudo comprobar en el programa televisivo Línea 900, eran vertidos sin ningún control. Estos informes dieron origen a denuncias administrativas y judiciales presentadas por la Confederación Ecologista Pacifista Andaluza- CEPA contra Boliden-Apirsa. Desde la Agencia de Medio Ambiente, hasta la Unión Europea, pasando por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía, nadie hizo caso de la denuncia. Se supo que la Juez de Sanlúcar la Mayor dio una vuelta por la mina, y nada más.
El 29 de Noviembre de 1995 un Facultativo de Minas, ex directivo de la empresa, denunciaba en escrito dirigido a los mismos organismos competentes, el estado alarmante de la presa de residuos, provocado por la mala ejecución de su recrecimiento. Tras comprobar la incapacidad de las instalaciones de depuración, la inexistencia de pantalla impermeabilizante en su lado de poniente y las filtraciones de metales pesados que las lluvias de este invierno estaban trasladando aguas abajo por los ríos Agrio y Guadiamar, el 24 de Enero de 1996 la CEPA vuelve a poner otra denuncia ante el juzgado de Sanlúcar la Mayor.
A finales del verano de 1997, la Unión Europea remitía a la CEPA su resolución de archivar la queja que ésta había presentado, tras recabar la información correspondiente del Gobierno español, que había indicado que el río Guadiamar no pasaba por Doñana.
Los organismos públicos implicados se han negado a asumir sus responsabildades. Tras el desastre, en una primera etapa, se dedican a acusarse unos a otros, ofreciendo un lamentable espectáculo; posteriormente han adoptado otra táctica: la de unirse para encubrirse mutuamente. Mientras tanto, aquí no dimite nadie.
Ahora, hay por delante cuatro grandes tareas:
- Retirar los residuos y recuperar las tierras perdidas por agricultores y ganaderos, impidiendo en lo posible más daños a los ecosistemas acuáticos de los que depende la población ribereña . Huertas y apriscos, frutales y arrozales que han quedado bajo los fangos tóxicos tardarán años en recuperarse, así como los pozos de los que se surten para regar o dar agua al ganado. Riacheros de Trebujena que pescan angula y camarón; pescadores de Sanlucar de Barrameda que capturan langostinos y acedías de la desembocadura resentirán no solo los efectos negativos sobre los recursos pesqueros, sino también la lógica desconfianza sobre su calidad sanitaria.
- Retirar los lodos tóxicos supone afrontar debidamente la gestión de varios millones de toneladas de residuos tóxicos, dispersos en decenas de kilómetros, y hacerlo rápidamente, para evitar los peligros de lluvias que provocasen nuevas riadas venenosas. Se ha empezado mal, con maquinaria inadecuada, sin los medios humanos y mecánicos necesarios, sin adoptar las medidas adecuadas de salud laboral. Los lodos deben ser tratados adecuadamente y confinados en las condiciones que su peligrosidad requiere. Boliden-Apirsa, que ha adoptado el papel director en estas tareas no ofrece fiabilidad para cumplir esto. No sólo es la responsable directa de esta catástrofe y otras similares en otras partes del mundo, sino que cuatro trabajadores perdieron la vida en los dos últimos años en accidentes laborales en sus instalaciones. El futuro de la actividad minera en Aznalcóllar depende de que tanto en esta labor como en la remodelación de actividades e instalaciones garantice totalmente su seguridad. Boliden-Apirsa debe garantizar esa seguridad, pues de no ser así la continuidad de la actividad correría peligro y por lo tanto los puestos de trabajo.
- Hay que reordenar la política de conservación de Doñana. La gestión realizada hasta ahora, basada en el aislamiento de un territorio delimitado por razones burocráticas, ha fracasado. El Plan de Desarrollo sostenible y el de Gestión de los Recursos Hídricos se han convertido en papel mojado ante la magnitud de los daños producidos. Hay que recuperar el concepto de la comarca de Doñana, adecuarla a sus comunidades naturales y diseñar su ampliación efectiva, conservando conectados el conjunto de sus territorios y ecosistemas. Una política integral de conservación de la naturaleza que contemple la creación de corredores ecológicos y la preservación efectiva de la zona del Parque Natural es necesaria para salvar Doñana. Cerrar aun más el Parque Nacional aislándolo, contribuirá a su destrucción a no muy largo plazo.
- Cambiar la política de residuos. No se puede seguir manteniendo la ficción de clasificar aparte para acumular indebidamente los residuos mineros, independientemente de su toxicidad. Es necesario contar con un inventario real de residuos mineros y de las instalaciones y condiciones en que están depositándose, con descripción exacta de la peligrosidad de cada residuo. Asimismo será necesario revisar la legislación y su aplicación en materia de medio ambiente y minería, particularmente en lo que se refiere a los residuos mineros, de manera que se garantice la compatibilidad entre actividad minera y defensa ambiental, condición imprescindible para garantizar el futuro de la minería y sus empleos.
Iñaki Olano