Daphnia 0: RONTEALDE. Cronología de una conflictiva empresa

RONTEALDE. Cronología de una conflictiva empresa

A mediados de los años 70 la empresa química Sefanitro, S.A. se planteó instalar una factoría de producción de amoníaco en el barrio de Lutxana (Barakaldo). Para entonces la población de la Margen Izquierda de la ría del Nervión se encontraba muy sensibilizada con el grave problema de la contaminación atmosférica, que padecía la comarca. Ello, unido a un pujante movimiento ciudadano de aquellos años de transición política, motivó que el proyecto fuera muy contestado, con masivas movilizaciones de vecinos en su contra y finalmente descartado.

CARLOS ALONSO
Abogado y miembro de la Comisión Jurídica de ERREKA.

Años más tarde, ante los primeros golpes de la crisis económica en la zona y el descenso de los movimientos populares, Sefanitro (ahora junto con varias empresas más en un consorcio denominado RONTEALDE) se planteó en el mismo lugar una nueva fábrica: está vez de producción de ácido sulfúrico. Aunque contó también con serias críticas, fundadas en su ubicación a menos de 150 metros de populosos barrios como Lutxana y Rontegui y en medio de una comarca densamente poblada, las promesas de un funcionamiento modélico, basado en nuevas tecnologías y medidas correctoras, y la creación de puestos de trabajo consiguieron poner en marcha la fábrica en 1987.

Las razones para una ubicación tan peligrosa y conflictiva fueron una vez más puramente económicas: disponibilidad de terreno industrial en propiedad, facilidad de comunicaciones (autopista, ferrocarril y la ría de Bilbao), ahorro que suponía compartir algunas instalaciones y servicios comunes con Sefanitro y las importantes ayudas oficiales derivadas del programa ZUR (Zonas de Urgente Reindustrialización).

Pero aquellas promesas pronto empezaron a diluirse y los habitantes de los alrededores a sentir sus efectos. En septiembre de 1988 un grave escape de dióxido de azufre (SO2) provocaba el internamiento hospitalario de dos vecinos del barrio de Rontegui y necesidad de asistencia médica de varios más. En la misma hora del escape una señora fallecía en la calle Portu de Barakaldo, al asomarse a la ventana, víctima de una crisis asmática aguda, aunque no pudo demostrarse la relación directa con el escape. Seis años más tarde (en junio de 1994), los responsables de Rontealde se sentaban en el banquillo, acusados de delito ecológico y el Juez decidía absolverles, porque en su opinión no se había demostrado que se superaran los límites legales de emisión e inmisión contaminante. En enero de 1995 la Audiencia Provincial de Bilbao confirmaba la sentencia absolutoria ante el recurso presentado por la representación legal de los vecinos y el grupo ecologista EKI de Barakaldo.

Importante alarma social

Entretanto se habían sucedido otros escapes percibidos por la población: marzo de 1989, febrero de 1991, enero de 1993... Tras este último, también con varios vecinos de Rontegui asistidos hospitalariamente y una importante alarma social, se presentó una nueva demanda judicial que fue archivada.

Así llegamos al 18 de octubre de 1994, en que una nueva avería provoca un escape importante y la paralización de la producción de la fábrica. El viernes 21, entre las 8:30 y las 10:30 de la mañana, cuando se procedía a realizar la maniobra de arrancada, se produce una nueva emisión extraordinaria de SO2. Nuevamente superando los valores legales permitidos y afectando a los numerosos vecinos de los barrios de Lasearre y Beurko con picores en los ojos, molestias respiratorias, toses... y obligando a recluir a los niños en las escuelas durante unas horas, con las ventanas cerradas y sin salir a los patios. Asimismo más de una decena de personas tuvo que ser asistida en hospitales (al menos una de ellas ya lo había sido en enero de 1993) y un vecino Jesús Artiagoitia de 70 años de edad, fallecía en su domicilio de una parada cardiorespiratoria por tener la ventana abierta y sin tiempo más que para aporrear la puerta de su vecina suplicando ayuda.

Las autoridades locales y la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, en plenas vísperas electorales, actuaron esta vez con celeridad. Al menos en cuanto a declaraciones y medidas provisionales. El mismo día ordenaban el cierre cautelar e indefinido de la planta, hasta que se revisasen las instalaciones y se dieran garantías de cumplir un protocolo de puesta en marcha, acordado con la empresa el año anterior. Además, presentaban una denuncia conjunta ante el Juzgado de Guardia por un presunto delito ecológico.

Esa misma tarde, varios cientos de personas se manifestaban, a convocatoria del grupo ecologista EKI (ERREKA) ante las propias puertas de Rontealde, exigiendo responsabilidades. Y al día siguiente una nueva manifestación de unas 2.500 personas, convocadas por los grupos ecologistas recorría las calles de Barakaldo, bajo el lema “Rontealde, basta ya. Queremos vivir y respirar en Barakaldo”. Por su parte Rontealde, que había incumplido con su obligación de comunicar a las autoridades la puesta en marcha, manifestaba que la actividad había sido normal y declinaba cualquier tipo de responsabilidad.

Esta misma versión han mantenido hasta el momento los técnicos y directivos que han comparecido ante el Juzgado de Barakaldo, acusados de un presunto delito ecológico. Lo que no han explicado es ¿por qué se realiza la maniobra de arrancada apresuradamente y sin esperar a alcanzar las temperaturas adecuadas? ¿por qué el sensor de SO2de la chimenea no ha detectado la emisión? ¿por qué no se consultó sobre las condiciones climáticas y de dispersión atmosférica? y algunos «por qués» más.

Los mayores porcentajes de enfermedades broncopulmonares de Europa

Menos de un mes después, el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Barakaldo levantaban la orden de cierre cautelar y la empresa comenzaba a funcionar de nuevo. Al parecer, se habían ofrecido garantías técnicas suficientes de que hechos similares no volverían a suceder. Los grupos ecologistas y colectivos sociales plantean que no se ha ofrecido ningún tipo de información para valorar la credibilidad de estas garantías y la opinión pública mira escéptica y respira muda, en un pueblo que se debate entre los mayores índices de paro y los mayores porcentajes de enfermedades broncopulmonares de Europa. Como dice el dicho “a perro flaco todo son pulgas”.

El 23 de enero de 1995 se produce un nuevo escape de SO2, claramente percibido en varios barrios. La Viceconsejería de Medio Ambiente sale al paso con dos novedades: “no ha habido consecuencias sobre la salud pública, puesto que no ha habido ingresos hospitalarios” (ni muertos, podía haber añadido, al menos directos) y “se impondrán nuevas medidas correctoras”.

Las nuevas medidas consistían en modificar el proceso productivo y quemar azufre líquido en lugar de sólido, como hasta entonces. Lo cierto es que eso estaba ya previsto por la propia empresa desde meses atrás. El nuevo proceso productivo ha comenzado a funcionar en noviembre de 1.995, sin que todavía sea posible hacer una valoración precisa de sus resultados. Aunque nuevamente se ha hurtado a la sociedad la información suficiente para opinar sobre ello. En todo caso, nos sugiere una reflexión ¿por qué no se hizo esto desde un principio teniendo en cuenta que se trata de una instalación relativamente nueva?

Mientras tanto el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Barakaldo siguen sin imponer sanción alguna a Rontealde. El proceso judicial por los hechos de octubre de 1994 continúa. La intención última es tratar de determinar con precisión lo ocurrido y las responsabilidades penales que pudieran existir. La principal dificultad está siendo buscar peritos especialistas capacitados y dispuestos a realizar un informe técnico, cuya complejidad se acentúa por el escaso interés colaborador de la Administración y la posibilidad de manipulación de datos esenciales por la propia empresa acusada. A lo que hay que añadir la falta de medios económicos de las partes acusadoras, los grupos ecologistas y familiares del fallecido, y de la propia Administración de justicia.

Otro objetivo importante es acabar con la sensación de impotencia de la sociedad y de impunidad de los responsables, que viene motivada por la pasividad y la inactividad de la Administración (incluida en ocasiones la judicial) y que es el caldo de cultivo de hechos tan graves como los referidos.

 

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