Doñana, patrimonio de la humanidad, ecosistema único de especial valor ambiental y especialmente protegido, ha sido dañado por un vertido tóxico de residuos mineros que nunca debió haberse producido. Se trata, sin embargo, de un desastre anunciado. ¿Qué podemos aprender del desastre?
- Las políticas de conservación que tratan el espacio ambiental a proteger como un “islote” rodeado de actividades agresivas con el medio ambiente sólo pueden llevar al fracaso. Sin una “ecologización” paralela del conjunto de la sociedad no hay conservación de la naturaleza posible.
- La actividad minera e industrial en nuestro país debe adaptarse sin demora a los nuevos requerimientos medioambientales, de no hacerlo así no sólo pone en peligro el mantenimiento de los equilibrios naturales básicos, sino que compromete también el futuro de sus empleos (la mayor amenaza para los empleos mineros de la franja pirítica de la zona ha sido el vertido tóxico), e incluso también repercutirá negativamente a otros empleos afectados: agrícolas, pesqueros, turísticos.
- La acción sindical en las empresas no puede dejar de lado los aspectos ambientales, pues en ellos se juega no sólo la salud pública y laboral sino también el empleo. A pesar de los estrechos márgenes para una acción medioambiental en la empresa existen instrumentos que pueden ser utilizados por los trabajadores y sus representantes. El uso de esos instrumentos podría ayudar a evitar ese tipo de desastres ambientales.
- La tolerancia con que las administraciones públicas (central o autonómica) tratan los asuntos ambientales cuando se trata de vigilar el cumplimiento de las normas por parte de las empresas no sólo es irresponsable y temeraria, sino que fomenta la “instalación en la ilegalidad” de buena parte de las actividades productivas. Sólo cuando ocurren los desastres salen a flote las vulneraciones sistemáticas de las normas ambientales. Pero entonces es demasiado tarde. ¿Quién vigila al vigilante?
- La Unión Europea no puede limitarse a elaborar normas ambientales (la gran mayoría de la actual normativa ambiental es de origen europeo) y a controlar que dichas normas sean adecuadamente traspuestas en la legislación de cada Estado miembro; debe vigilar también la ejecución y aplicación de los fondos y de las normas ambientales. Quién sabe si se hubiera podido evitar el desastre si la UE hubiera actuado adecuadamente cuando recibió la queja sobre el estado de la balsa de residuos mineros de Aznalcóllar.
- En la salvaguarda del medio ambiente, de la salud pública y de la salud laboral es necesario que funcionen los estamentos sociales y técnicos de que dispone la sociedad. Las organizaciones ecologistas han demostrado su responsabilidad social no sólo alertando prematuramente de los riesgos, sino también poniéndose manos a la obra en cuanto se produjo el vertido. La comunidad científica, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a la cabeza, ha desarrollado una labor individual y colectiva digna de elogio y consideración: por su independencia de criterio, por sus valiosas informaciones (sin sensacionalismos pero también sin oscurantismos) y por su sensibilidad hacia las cuestiones ambientales y de salud de los trabajadores a la hora de proponer las tareas de descontaminación y retirada de lodos. Condiciones preventivas sobre la salud de los trabajadores en esas tareas que las organizaciones sindicales estamos en disposición de garantizar a través de los mecanismos de participación que se están poniendo en marcha.