El hecho preocupante de que la central nuclear de Zorita pueda seguir todavía funcionando durante unos meses, no debe hacernos perder la perspectiva a la hora de valorar la importancia de la decisión adoptada por el gobierno de poner fin a la vida de la nuclear española más vieja.
En primer lugar, ésta decisión echa por tierra los planes de la industria nuclear, de alargar la vida de las centrales nucleares hasta los 60 años. La nueva política de los pronucleares no es tanto construir nuevas centrales – que se enfrentarían a una enorme oposición social -, como alargar la vida de las existentes. Con Zorita, ya han fracasado.
Por ello, la decisión de cerrar Zorita marca el camino ineludible que seguirán todas las plantas nucleares españolas, y que próximamente debe seguir la central nuclear de Garoña.
El hecho de que la Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya optado por votar de manera diferente al resto de los consejeros, ha puesto además en evidencia la magnitud de su fracaso personal. Su sustitución al frente del CSN es ya una necesidad ineludible, y debe venir acompañada de profundas reformas que conviertan a este organismo en transparente y efectivo.
El cierre de Zorita es una bofetada en la cara de Loyola de Palacio y de Esteban Bolea. Un golpe mortal a la industria nuclear.
Sin embargo, la decisión de cerrar Zorita debe sentar un precedente en lo relativo a los costes sociales relacionados con su puesta en práctica. Mientras que en el contexto global ha sido puesto de manifiesto en numerosas ocasiones que el número de empleos generados por el desarrollo de las energías renovables está superando ampliamente a los relacionados con la energía nuclear, no es menos cierto que el cierre de una nuclear debe realizarse con la previsión de acompañarlo de un plan de desarrollo para la zona.
En este sentido, hace casi tres años que desde las organizaciones de defensa ambiental y desde CCOO elaboramos y presentamos una Propuesta de empleo y desarrollo alternativo para la comarca que ahora es preciso reactivar y debatir.
Juan López de Uralde
Director Ejecutivo de Greenpeace España