Daphnia 34: Dos críticas al Plan Hidrológico Nacional

Dos críticas al Plan Hidrológico Nacional

El Plan Hidrológico Nacional (PHN) ha despertado la controversia desde su nacimiento. Dos nuevos libros, desde la perspectiva de la Nueva Cultura del Agua, ponen en cuestión no sólo la razón de ser del PHN sino su viabilidad. El primero, Una cita frustrada con la Historia, de Pedro Arrojo, profesor de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, estudia las consecuencias del Plan Hidrológico Nacional (PHN) desde un punto de vista social, económico y medio ambiental.

La primera de esas consecuencias, según el presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, será la desvertebración territorial, lo que provocará el desarraigo de cientos de familias en contra de su voluntad.

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Pero es que el PHN se ejecutará basándose en un cálculo de costes que Arrojo califica de “inmaduro”. Este cálculo no tiene en cuenta los costes económicos del cambio climático por falta de garantía en la disponibilidad de caudales, el gasto necesario para garantizar la calidad de las aguas trasvasables, ni los costes energéticos o producidos por pérdidas en el transporte.

La Directiva Marco del Agua establece la necesidad de hacer una gestión de los ríos como ecosistemas vivos y no como simples canales de agua. Según el profesor, tan profundos cambios exigirán por sí mismos una revisión de los actuales planes hidrológicos de cuenca que contemple la redefinición de los mal llamados caudales ecológicos.

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Por otra parte, la Fundación Nueva Cultura del Agua edita un avance de lo que será Aguas limpias, manos limpias, con un subtítulo llamativo y, a buen seguro, polémico: Corrupción e irregularidades en la gestión del agua en España. Las abundantes y graves deficiencias de carácter jurídico evidenciadas en las distintas cuencas hidrográficas demandan una moratoria sobre las obras hidráulicas y sobre las grandes decisiones para usos del agua actualmente planteadas, incluyendo las previstas en el marco del PHN. La Fundación Nueva Cultura del Agua exige que se aplique escrupulosamente el Estado de Derecho, con la máxima transparencia y participación públicas y el respeto a los derechos de los ciudadanos, requisitos imprescindibles en cualquier ámbito y que hoy por hoy no se dan en la planificación y gestión del agua en España.

Pablo Frutos

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