Daphnia 48: El mundo rural ante la crisis

El mundo rural ante la crisis

La reciente crisis alimentaria, con carencias puntuales de cereales e inestabilidad en los mercados, ha vuelto a poner de manifiesto que la agricultura es un sector estratégico. Incluso en una Europa en la que la Política Agraria Común (PAC) ha pasado de promover en sus orígenes un potentísimo productivismo agrícola ,capaz de alimentar al viejo continente, a reorientar en la actualidad las ayudas al campo buscando un desarrollo rural polivalente, con el medio ambiente en un lugar central. La crisis obligará a Unión Europea a decidir si apuesta por la producción agrícola (primer “pilar” de la PAC), el desarrollo rural (segundo “pilar”) o por la integración de ambos.

Pero la crisis alimentaria, o la actual crisis económica, no son las únicas que debieran preocuparnos. El calentamiento global introduce nuevos escenarios que ningún sector puede obviar. En el caso de la agricultura, el incremento de la temperatura del aire, de la concentración de CO2, atmosférico o los cambios en las precipitaciones estacionales afectarán sin duda a la producción, ya sea por la necesidad de más riego o por la distribución y alcance de plagas y enfermedades. El sector forestal acusará la existencia de menores reservas de agua del suelo, lo que supondrá un importante factor de estrés para el arbolado. En zonas con déficit hídrico, esto puede ocasionar cambios en la densidad de la masa forestal y afectar a la fisiología de las especies. Y en los casos más extremos, áreas susceptibles de albergar sistemas arbolados pueden perder esta condición. También aumentará el riesgo de incendios forestales. El aumento de las temperaturas y la falta de agua en el suelo condicionarán una mayor inflamabilidad de los combustibles. La duración media de la temporada de peligro se agudizará, así como las igniciones causadas por rayos y por negligencias. La frecuencia, intensidad y magnitud de los incendios forestales se incrementará.

Situación del mundo rural en España

Frente a todas estas circunstancias, ¿en qué situación se encuentra el campo en España? El medio rural constituye el 90% del territorio y alberga al 20% de la población. Una población en descenso y aquejada, en muchas áreas, de un agudo envejecimiento, en un entorno en el que se están abandonando cultivos y tierras. En 2006, el número de contratos en el sector agrario no llegó al 10% del total de contratos realizados en el país. De ellos, sólo el 0,28% correspondía al sector forestal.

Al contrario que otros sectores que ahora mismo están sufriendo severos ajustes, la agricultura ya se ha ajustado durante los últimos años con las ayudas comunitarias. En la actualidad, contribuye al 2,6% del PIB nacional. Pero no puede decirse que el sector agrario, por estar menos perjudicado que otros, no esté afectado por la crisis. Muchos agricultores se encuentran en una situación crítica, con fuertes caídas de precios que sitúan a sus explotaciones por debajo del umbral de rentabilidad y que llevarán a fuertes caídas del volumen de producción agraria. El sector ganadero, por otro lado, está fuertemente endeudado.

El forestal, muy minoritario, está creciendo, aunque más lentamente que otros sectores. Sin embargo, adolece aún de graves problemas. Baste como ejemplo que sólo el 13% de los montes españoles cuentan con planes de gestión, siendo necesaria una mayor inversión pública en este sentido.

Políticas, presupuestos y desarrollo sostenible

Hasta 2007 España carecía de una política rural propia y había cubierto esta carencia con la aplicación de reglamentos europeos, como el 1698/2005 de Desarrollo Rural, que apostaba por la integración de las dos dimensiones de la multifuncionalidad del mundo rural: la agraria y la territorial. Hace menos de dos años se aprobó en nuestro país la ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Sus objetivos incluían mantener y ampliar la base económica del medio rural, mantener y mejorar el nivel de población y elevar su grado de bienestar, conservar y recuperar el patrimonio natural y cultural del medio rural, fomentar la participación pública e articular, por parte de las administraciones públicas, políticas de desarrollo rural sostenible. Pero esta ley no se ha puesto en marcha aún y no se materializará realmente hasta que no concluya la redacción del I Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010- 2015 y las comunidades autónomas no adopten posturas más pro-activas respecto a la misma. También son relativamente recientes la ley de Montes1 y la ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad2. Pero para su desarrollo es necesaria una dotación presupuestaria suficiente.

A modo de ejemplo, el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) dispuso en 2008 de unos 100 millones de euros, que se destinaron a convenios piloto con las comunidades autónomas para atender proyectos que incorporan cuestiones ambientales o de agricultura. En 2009, el PDRS cuenta con 121,6 millones de euros para acciones similares. El resto del presupuesto para medio rural, de 1.399 millones de euros, se destina a programas convencionales de agricultura y ganadería. La protección y mejora del medio natural, por otro lado, contará con 416 millones de euros. Sus principales líneas de actuación se centran en la conservación de la biodiversidad, la defensa contra los incendios forestales y agentes nocivos, el control de la erosión y la lucha contra la desertificación. La parte más significativa de este monto, el 43,4% (180 millones de euros), correspondería a la defensa contra los incendios forestales.

El total del presupuesto de las actuaciones ambientales del MARM para 2009 es de 1.530 millones de euros e incluye actuaciones en costas, calidad de aguas, contaminación atmosférica, etc. El presupuesto global del MARM para 2009 es de 13.202 millones de euros –sólo un 0,09% mayor que el del año anterior para las carteras de medio ambiente y agricultura juntas–, y da prioridad a las políticas en inversiones productivas, donde agricultura, pesca y alimentación se llevan el 67,61% y el resto se asigna al área de medio ambiente. Parece, pues, que la apuesta del Gobierno es claramente favorable a la producción (el primer “pilar” de la PAC).

No podemos olvidar que los fondos que reciben nuestros campos proceden también de Europa. Por ejemplo, la Red Natura 20003 se financia de forma integrada desde varios fondos distintos, desde la PAC para tierras agrarias dentro de espacios asignados a la red o desde políticas de desarrollo regional para las intervenciones estructurales. En España, en el año 2007, en la perspectiva financiera 2007-2013, el Ministerio de Medio Ambiente evaluó los costes, sólo para financiar la Red Natura 2000, en 1.300 millones de euros anuales. Sin embargo, lo máximo que se destinaría desde los diferentes fondos europeos supondría menos del 25% de las necesidades financieras (325 millones de euros). Y eso que España aporta el 21% de toda la superficie europea declarada como Lugar de Interés Comunitario (LIC).

Interrogantes y propuestas

Si ni la UE ni el Gobierno español ponen sobre la mesa la financiación necesaria para un desarrollo rural sostenible y la protección del medio natural, ¿qué presiones determinarán los acontecimientos en el mundo rural en los próximos años? En las circunstancias actuales, por ejemplo, cabe preguntarse si se producirá en nuestro país una reactivación de la dimensión productiva de la agricultura, con la consiguiente eliminación de las trabas (sobre todo ambientales) que ahora limitan el potencial del sector agrario. También si el Programa de Desarrollo Rural Sostenible será suficiente para introducir los necesarios cambios a favor del desarrollo sostenible del mundo rural. El Gobierno debería integrar el desarrollo rural sostenible dentro de todos los programas del MARM de forma transversal, no como un programa aislado, y para este objetivo debería valorar la inversión necesaria en el escenario 2007-2013.

Frente al cambio climático, el sector agroforestal puede y debe mitigar su contribución a la generación de gases de efecto invernadero, promoviendo, a través de una agricultura sostenible, las buenas prácticas agrícolas y ganaderas y una agricultura intensiva adecuada, la reducción de emisiones. Otro objetivo sería aumentar las absorciones de carbono. La gestión forestal certificada y sostenible (como la certificación FSC), o las acciones establecidas en la Estrategia Española contra el Cambio Climático relativas a los sumideros de carbono y el aprovechamiento de la biomasa forestal ofrecen magníficas oportunidades al desarrollo para las áreas rurales en despoblamiento. Si se potencia desde las administraciones públicas podría convertir al sector en líder y catalizador de inversiones hasta 2013.

Eva Hernández Jorge

Área de Gestión Ambiental de ISTAS

eva.hernandez@istas.ccoo.es

 

(1) Ley 10/2006 de 28 de Abril, de Reforma de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, sobre Montes. Su objetivo es constituirse en un instrumento eficaz para garantizar la conservación de los montes españoles, promover su restauración, mejora y aprovechamiento racional y sostenible, promoviendo el carácter multifuncional de los montes, la integración de la planificación forestal en la ordenación del territorio, la cohesión territorial y el desarrollo rural, entre otros. (

2) Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Responde a los compromisos internacionales adquiridos por España en relación con el Convenio para la Diversidad Biológica y otros convenios internacionales, directivas europeas, y la Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas (2006) para detener la pérdida de biodiversidad para 2010. Deroga y sustituye a la ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.

(3) Red o lista que integra los Lugares de Interés Comunitario (LIC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en Europa, de acuerdo con lo establecido en las directivas de hábitats y de aves de la UE.

ÁREAS TEMÁTICAS

COMENTARIOS

ESCRIBE TU COMENTARIO

      

    Introduce el siguiente código captcha o uno nuevo.