Estremera da la voz de alarma

Ante la instalación de un centro de tratamiento de residuos industriales.

La empresa Valorcam S.L. promueve la construcción de un centro de tratamiento de residuos industriales en el municipio de Estremera (Madrid), que podría llegar a tratar 68.700 toneladas de residuos industriales peligrosos.

Entre ellos se encuentran restos de herbicidas y pesticidas, refrigerantes, disolventes, pegamentos, aceites industriales usados, barnices y pinturas, y residuos de construcción contaminados con amianto.

La instalación contaría con cinco unidades independientes de tratamiento: físico-químico y biológico, inertización, vitrificación, evapo-oxidación e incineración mediante un proceso de oxidación catalítica.

Del total de residuos tratados, 30 000 toneladas se someterían a procesos de incineración en las unidades de evapo-oxidación u oxidación catalítica.

La elección de estas tecnologías de tratamiento supondría un grave riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente debido a las emisiones de compuestos tóxicos, algunos de ellos persistentes y bioacumulativos, entre los que destacamos partículas; metales pesados como mercurio, cromo, cadmio, arsénico, plomo y berilio; hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP); bencenos clorados; naftalenos policlorados; compuestos orgánicos volátiles (COV); gases ácidos como óxidos de azufre; dióxidos de nitrógeno y ácido clorhídrico; y gases de efecto invernadero como dióxido de carbono. En los procesos de incineración también se formarán contaminantes orgánicos persistentes (COP), como son las dioxinas y furanos. Estos no se mencionan en el proyecto presentado, aunque son las sustancias más tóxicas que se conocen debido a su capacidad de acumularse en los tejidos grasos de los seres vivos.

Además de la peligrosidad intrínseca a este tipo de tratamientos queremos aportar algunos datos que contradicen la necesidad de construir de esta instalación.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) en el Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) reconoce una capacidad de las instalaciones de tratamiento de residuos peligrosos de 4 710 000 toneladas, mientras que la cantidad de residuos peligrosos que se producen anualmente es de cuatro millones de toneladas, según datos del propio Ministerio. Por tanto estamos hablando de un escenario de sobrecapacidad de tratamiento.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid, en el Plan Regional de Residuos Industriales (2006-2016), se plantea, como primer objetivo, la prevención en la generación de residuos, estableciendo que "la minimización se presenta como la alternativa preferible porque reduce el volumen del residuo generado por la industria, disminuye la carga contaminante lanzada al ambiente y optimiza el proceso productivo".

Debemos añadir que, en estos momentos y debido a la caída de la producción industrial, estamos asistiendo a una disminución de la generación de residuos industriales.

La Asociación de Empresas Gestoras de Residuos Especiales (Asegre) publicaba unos datos de reducción de las cantidades de residuos tratados en torno al 20%. Esto supone que en algunas de las instalaciones existentes haya serios problemas para mantener el empleo. Algunas de estas instalaciones sufren procesos de regulación de sus plantillas.

Todos estos datos nos hablan de una sobrecapacidad para la gestión de los residuos peligrosos y por tanto la no justificación de construir nuevas instalaciones de tratamiento.

A estos datos habría que añadir que en la Comunidad de Madrid un 27% de los residuos que se tratan provienen de otras comunidades autónomas.

Otro aspecto que queremos destacar es la ubicación de la planta. Estremera es un municipio del sureste de la Comunidad de Madrid muy alejado de los centros de producción industrial, y por tanto de los lugares donde se producen los residuos. Debemos en este caso aplicar el principio de proximidad para el tratamiento de los residuos, lo que reduciría los impactos ambientales asociados a su transporte y ayudaría a promover políticas de reducción entre las industrias productoras de este tipo de residuos.

El emplazamiento que se propone es, en estos momentos, suelo agrícola no urbanizable y no dispone de las infraestructuras necesarias para su funcionamiento.

Los promotores del proyecto presentan la instalación como una instalación de vertido cero, aunque reconocen que podrían verter 17 000 m3 de aguas residuales. Hay que aclarar que se quiere poner en marcha la instalación sin tener resuelta la depuración de las aguas residuales, ya que se deberían tratar en la depuradora del polígono industrial donde estaría ubicada la instalación, la cual no está construida y no se pueden prever plazos de ejecución y puesta en funcionamiento.

En todo caso, en la elección de los tratamientos a someter a los residuos deberemos priorizar la recuperación material, como así lo establece el Plan Regional de Residuos Industriales de la Comunidad de Madrid en su apartado 5.3: "siempre que sea posible se priorizará la valorización material de los residuos". Para algunos de los residuos que se tratarán en la planta, como son los aceites industriales usados y disolventes, ya existe tecnología de regeneración y este tratamiento sería el que debería priorizarse.

Desde CCOO de Madrid apostamos por la prevención de residuos, el cambio de modelo productivo hacia otro menos contaminante y la aplicación de modelos de producción limpia.

La reducción de los residuos peligrosos pasa por la reducción en el uso de sustancias tóxicas en los procesos productivos y la sustitución de dichos compuestos por otros de menor o nula toxicidad. Existen ejemplos en este sentido, como es la Ley de Reducción de Sustancias Tóxicas (TURA, en sus siglas en inglés) en el Estado de Massachusetts en 1989.

Manuel Albano
Secretario de Medio Ambiente de CCOO-Madrid

Massachusetts: un ejemplo de reducción de residuos tóxicos

En 1989, el estado de Massachusetts aprobó la Ley de Reducción de Sustancias Tóxicas (TURA, en sus siglas en inglés), con el fin de fomentar la reducción de la cantidad de sustancias tóxicas que se utilizaban y los residuos que estas generaban.

Como resultado de la aplicación de esta ley, en el periodo 1990-2005 se ha conseguido reducir:

  • El uso de tóxicos en un 40%. 
  • La generación de residuos tóxicos en un 71%. 
  • Las emisiones y vertidos de sustancias tóxicas en un 91%. 
  • Los tóxicos presentes en productos finales en un 41%. Los beneficios económicos (91 millones de dólares durante el periodo 1990-1998) exceden a los costes (77 millones de dólares).

Para más información:

Instituto para la Reducción del Uso de Tóxicos (TURI): www.turi.org  

Departamento de Medio Ambiente de Massachusetts: www.mass.gov/dep/toxics/toxicsus.htm  

 

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