Daphnia 55: Inseguridad nuclear

Inseguridad nuclear

Carlos Martínez Camarero. Responsable del Departamento Confederal de Medio Ambiente de CCOO.

El accidente nuclear de la central de Fukushima (Japón) ha puesto de manifiesto de nuevo los riesgos a los que nos somete esta tecnología.

El grave accidente de Three Miles Island en 1979 en Harrisburg (Estados Unidos) o, sobre todo, el de Chernóbil (Ucrania) en abril de 1986 supusieron un punto de inflexión en la percepción social de la energía nuclear. El de Chernóbil, que alcanzó el nivel 7 (el más grave) en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES), dejó 31 victimas inmediatas, más de 4.000 muertes por cáncer, al menos 330.000 personas desplazadas y una zona de 200.000 km2 inutilizada para actividades productivas según algunas estimaciones.

La evidencia de que la energía nuclear es intrínsecamente peligrosa unido a su propia incapacidad de financiación en mercados energéticos cada vez más liberalizados hizo que, sobre todo en los países occidentales, apenas hubiera proyectos de nuevos reactores y de manera creciente programas de cierre de las instalaciones existentes.

Sin embargo, en estos últimos años se estaba produciendo en España un renacer de las expectativas del sector nuclear, encaminado no tanto a propiciar nuevos proyectos de centrales, sino más bien a prolongar la vida de las que están actualmente en operación. La presión mediática a favor de la energía nuclear tenía su caldo de cultivo en el olvido de las consecuencias de Chernóbil, en la ausencia de accidentes de esa magnitud en las dos últimas décadas y en la sensación colectiva de que la energía nuclear ha mejorado notablemente sus sistemas de seguridad, de manera que lo que sucedió en Ucrania en 1986 no podía volver a suceder y mucho menos en un país industrializado.

En el debate sobre el período de vida de las centrales en España hasta el accidente de las nucleares japonesas apenas se consideraban los aspectos de la seguridad. Sin embargo, en nuestro país ha habido un amplio historial de incidentes graves y de ocultación de muchos de esos sucesos por parte de las compañías eléctricas y de las autoridades encargadas de velar por la seguridad nuclear.

Es cierto que los protocolos y medidas de seguridad de los que se ha ido dotando la industria nuclear son cada vez más estrictos y que en las condiciones habituales de funcionamiento de una instalación esas medidas hacen altamente improbable la generación de un accidente grave. Sin embargo, no se puede afirmar que no exista riesgo de accidentes o de escapes radiactivos graves derivados del funcionamiento de reactores nucleares. La probabilidad depende del número de instalaciones en operación y de su obsolescencia respecto del período para el que fueron diseñadas. Se trata de centrales cuyos equipos e instalaciones están sometidos a procesos de desgaste y envejecimiento como cualquier otra industria.

En cualquier caso, las situaciones de riesgo más elevado en las instalaciones nucleares se pueden producir por posibles perturbaciones provenientes del exterior, tales como terremotos, inundaciones, tsunamis, ataques terroristas con explosivos o aviación... El accidente nuclear de Fukushima en Japón vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de estas instalaciones ante fenómenos imprevistos en los que pueden fallar los sistemas de seguridad. Uno de los riesgos más severos es, precisamente, el de la pérdida de suministro eléctrico para activar o mantener el sistema de refrigeración de emergencia que enfría el reactor.

En el marco de la mesa de diálogo sobre la evolución de la energía nuclear en España, que coordinó el Ministerio de Industria en 2006, la Confederación Sindical de CCOO presentó un estudio, elaborado por la Federación Minerometalúrgica titulado Situación laboral, de salud y seguridad de los trabajadores en el ámbito de las centrales nucleares. El citado estudio señalaba: "La liberalización del mercado eléctrico ha llevado a ejercer políticas de reducción de costes, que las empresas propietarias de estas centrales han venido realizando durante los últimos años, que han tenido como objetivo primar el beneficio sobre la seguridad. Esto está llevando a una situación que puede poner en duda la fiabilidad de garantizar esa seguridad al 100%".

El informe señalaba también que:

"La situación de precariedad y falta de rigor está siendo un problema recurrente en los últimos años en el mantenimiento y la seguridad de las centrales, lo que ha sido denunciado de forma permanente ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). La política de reducción de costes ha incidido de una forma significativa en:

  • Un recorte de los recursos económicos en el mantenimiento y supervisión de las instalaciones, que ha llevado a que la supervisión no sea realizada en el tiempo debido, que se hayan reducido los recursos humanos y materiales para realizarlas y que las medidas que las contratas han recomendado no sean llevadas a efecto.
  • Falta de formación en las plantillas subcontratadas, con la consiguiente pérdida de profesionalidad, lo que, añadido a la excesiva rotación, lleva al desconocimiento de los riesgos.
  • Polivalencia de los trabajadores, incompatible con un sistema de seguridad imprescindible en una central nuclear".

Estas cuestiones que se señalaban hace tan sólo unos años hacen que la perspectiva de alargar de la vida útil de las centrales sea una decisión difícil de encajar si se quiere garantizar la seguridad. Después de lo que ha sucedido en Fukushima, nadie con un mínimo de sensatez y de conocimiento de la historia de la industria nuclear puede afirmar que un accidente grave no pueda volver a suceder. No podemos admitir un riesgo de tal calibre para la salud global a largo plazo de la población y para las economías regionales, sobre todo si consideramos que existen alternativas energéticas viables. Tampoco podemos, como decía El Roto en El País el 2 de abril, dejar "que decidan qué es peligroso los que crean el peligro".

Lo que hay que decidir está claro desde hace tiempo: elaborar un plan de cierre de las centrales existentes que tenga en cuenta la seguridad y el período de vida útil de 40 años y que incorpore mientras tanto un impuesto a las compañías para financiar los planes de reactivación económica para las zonas afectadas y para las tecnologías limpias que sustituirán a la energía nuclear.

 

 

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