Algo más que buenas intenciones
Políticas de ahorro y eficiencia energética.
Carlos Martínez Camarero. Responsable del Departamento Confederal de Medio Ambiente de CCOO.
Las sociedades de los países industrializados son tremendamente energívoras. Necesitan demasiada energía para producir bienes, para proveernos de servicios y para trasladar mercancías y personas. Todo esto lo hacemos, además, de manera muy ineficiente. En España más, incluso, que en otros países occidentales.
Ahora sabemos que todo esto no lo podemos seguir haciendo como si la energía fuese gratis o como si no tuviera costes ambientales graves. Hay que cambiar de fuentes energéticas, pero también hay que usar menos energía (ahorrar) y usarla mejor (de manera eficiente). En la industria, en los servicios, en el transporte, en la agricultura... nosotros, en nuestra casa, en nuestros desplazamientos.
El objetivo europeo es reducir el consumo de energía en un 20% para el 2020. Pero este es un objetivo pobre si se incrementa el objetivo de reducción de emisiones de CO2 en un 30% para dicho año y en cualquier caso pobre si tenemos en cuenta la dimensión de la crisis energética y ecológica. En este caso habría que ahorrar más energía.
En España no se parte de cero en cuanto a políticas de ahorro y eficiencia energética. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y otras Administraciones han puesto en marcha desde hace tiempo planes y medidas de ahorro. La medida estrella ha sido la Estrategia Española de Eficiencia Energética de 2004 (conocida como E4) y sus sucesivos planes de acción, el último de 2008- 2012. Son medidas consistentes en incentivos económicos, reglamentaciones sectoriales o sensibilización.Los fondos públicos puestos a disposición son de poco más de 400 millones de euros al año para todos los sectores. Su ejecución ha sido generalmente lenta por parte de las comunidades autónomas y no existen, a fecha de hoy, ni indicadores ni resultados claros sobre su eficacia.
En el marco de estos planes o al margen de ellos se han desarrollado también diversos programas sectoriales o parciales con distinta repercusión. El Plan para el Ahorro en los Edificios de la Administración del Estado (2007) se implementa, por ejemplo, con notable relajación, como se comenta en otro artículo de este dossier.
En el terreno de la edificación se han aprobado, aunque muy tardíamente, normas como el Código Técnico de la Edificación (2006), el Reglamento de Instalaciones Térmicas (2007) o el procedimiento para la certificación energética (2007), que mejoran la eficiencia energética de los nuevos edificios; pero los programas de ayudas para actuar respecto de los edificios y viviendas existentes no son suficientemente audaces.
En la industria, mecanismos como las autorizaciones ambientales integradas (AAI) o los planes nacionales de asignación para el comercio de dere chos de emisión, podrían haber contribuido a mejorar la eficiencia energética industrial, pero está por ver que eso haya sido así de manera sustancial.
En transporte, las políticas han sido escasas. La modificación del impuesto de matriculación según las emisiones de CO2 (2007) algunas medidas de movilidad sostenible de carácter más bien municipal. Lo demás, mucha "estrategia" y mucha literatura, pero pocas medidas contundentes y eficaces en un sector que consume el 40% de la energía.
Recientemente, el Gobierno ha puesto en marcha otros planes complementarios: el de Intensificación del Ahorro y la Eficiencia Energética del Ministerio de Industria (marzo de 2011) y el de Ahorro en el Transporte y la Vivienda, que aprobó el Ministerio de Fomento (abril de 2011). El primero comprende veinte medidas específicas de las que la mayoría ya estaban enunciadas en otros planes. La más polémica de ellas, la de la limitación de la velocidad a 110 kilómetros a la hora en autovías es razonable y acertada, pero hace falta que el Gobierno la dé continuidad.
Todas las medidas del Gobierno son sensatas y adecuadas, pero en general carentes de ambición, profundidad y continuidad. Hace mucho tiempo que anunciaron compromisos de aprobar determinadas leyes sectoriales que inciden directamente en el ahorro de energía. La legislatura está a punto de acabar y no se han atrevido a hacerlo. CCOO y algunas organizaciones ecologistas hicimos el esfuerzo de presentar propuestas de ley concretas: movilidad sostenible (2007), ahorro y eficiencia energética (2008) y fiscalidad ambiental (2009). Se han dejado de lado y se ha perdido un tiempo precioso para crear un marco normativo favorable para el ahorro de la energía en todos los sectores. En este dossier se profundiza en algunas de las cuestiones clave para dar un impulso serio a estas necesarias políticas sectoriales de ahorro.
