Recientemente nos alarmamos al saber que el Gobierno ocultó durante siete años un estudio que señalaba las altas concentraciones -muy superiores a las permitidas- de sustancias tóxicas en el pescado español. El informe fue calificado como confidencial y todos los ejecutivos desde entonces se han negado a hacerlo público, a pesar de que estas concentraciones de metales pesados han comprometido la salud de los consumidores españoles y, especialmente, de la población más sensible: niños y mujeres embarazadas. El Gobierno tomó esta decisión para no alarmar a la población y, consecuentemente, no dañar al sector pesquero.

No se trata de un hecho aislado. CCOO ha solicitado reiteradamente a los ministerios de Sanidad y Política Social e Igualdad y de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que hagan pública la relación de las empresas españolas que fabrican e importan sustancias químicas y las sustancias que fabrican y en qué cantidades, pero el Gobierno español se ha negado a publicarla y ha alegado que se trata de información confidencial.

El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, por su parte, pretende eximir a las empresas fabricantes y distribuidoras de productos químicos, de entregar copia de las fichas de datos de seguridad (FDS) al mismo, en su propuesta de modificación del real decreto 1802/2008. CCOO presentó alegaciones a dicha propuesta, ya que las FDS son la principal herramienta de información con la que cuentan las Administraciones, las empresas, los usuarios profesionales y los ciudadanos para informarse sobre los riesgos de las sustancias y productos que utilizan y sobre cómo prevenirlos.

Los representantes del Gobierno mantienen la línea de confidencialidad basándose en el derecho de las empresas a proteger sus intereses comerciales. Sin embargo, esta falta de transparencia supone una vulneración del derecho de la ciudadanía a tener acceso a la información ambiental, tal y como establece el Convenio de Aarhus y la ley 27/2006 de acceso a la información, que tiene como objetivo informar a la ciudadanía sobre las sustancias químicas y otros peligros a los que están expuestos, para que puedan tomar decisiones informadas sobre sus usos y, así, proteger la salud humana y el medio ambiente.