Daphnia 56: El Gobierno diluye su responsabilidad frente al riesgo químico

El Gobierno diluye su responsabilidad frente al riesgo químico

Tatiana Santos. Área de Riesgo Químico de ISTAS.

Recientemente nos alarmamos al saber que el Gobierno ocultó durante siete años un estudio que señalaba las altas concentraciones -muy superiores a las permitidas- de sustancias tóxicas en el pescado español. El informe fue calificado como confidencial y todos los ejecutivos desde entonces se han negado a hacerlo público, a pesar de que estas concentraciones de metales pesados han comprometido la salud de los consumidores españoles y, especialmente, de la población más sensible: niños y mujeres embarazadas. El Gobierno tomó esta decisión para no alarmar a la población y, consecuentemente, no dañar al sector pesquero.

Los representantes del Gobierno mantienen la línea de confidencialidad basándose en el derecho de las empresas a proteger sus intereses comerciales.

No se trata de un hecho aislado. CCOO ha solicitado reiteradamente a los ministerios de Sanidad y Política Social e Igualdad y de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que hagan pública la relación de las empresas españolas que fabrican e importan sustancias químicas y las sustancias que fabrican y en qué cantidades, pero el Gobierno español se ha negado a publicarla y ha alegado que se trata de información confidencial.

El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, por su parte, pretende eximir a las empresas fabricantes y distribuidoras de productos químicos, de entregar copia de las fichas de datos de seguridad (FDS) al mismo, en su propuesta de modificación del real decreto 1802/2008. CCOO presentó alegaciones a dicha propuesta, ya que las FDS son la principal herramienta de información con la que cuentan las Administraciones, las empresas, los usuarios profesionales y los ciudadanos para informarse sobre los riesgos de las sustancias y productos que utilizan y sobre cómo prevenirlos.

Los representantes del Gobierno mantienen la línea de confidencialidad basándose en el derecho de las empresas a proteger sus intereses comerciales. Sin embargo, esta falta de transparencia supone una vulneración del derecho de la ciudadanía a tener acceso a la información ambiental, tal y como establece el Convenio de Aarhus y la ley 27/2006 de acceso a la información, que tiene como objetivo informar a la ciudadanía sobre las sustancias químicas y otros peligros a los que están expuestos, para que puedan tomar decisiones informadas sobre sus usos y, así, proteger la salud humana y el medio ambiente.

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