Estimados lectores y lectoras,
La reciente creación de un nuevo Ministerio de Medio Ambiente constituye un hecho positivo, que permitirá la asunción de casi todas las competencias ambientales con mayor autonomía en el Consejo de Ministros, teniendo un mayor peso, por tanto, en la política general del Estado. De cualquier manera, no sólo importa la existencia o no de una estructura administrativa, sino las políticas que allí se desarrollan.
Los sindicatos y organizaciones sociales nos hemos dirigido al Presidente del Gobierno y a la Ministra de Medio Ambiente para conocer sus intenciones y plantearles los temas que creemos que la nueva administración debería abordar prioritariamente, como son los del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), la Ley de Costas, la trasposición de la Directiva de Envases, la solución a los conflictos de Itoiz y las Hoces del Cabriel, entre otros. Esta petición de entrevista desembocó en una reunión con la Ministra, que causó, sobre todo, decepción entre los sindicatos y movimientos sociales.
La Ministra mostró su intención de ampliar el CAMA, pero en realidad dicha ampliación consistiría en la inclusión de sectores o grupos (asociaciones de cazadores, propietarios de fincas) cuyas actividades o motivaciones son por lo general poco compatibles con la protección del medio ambiente. No obstante, esperamos que a través de dicho organismo se discutan y logre alcanzar un consenso social sobre todos los temas que afectan a nuestro medio ambiente. Con respecto a la futura Ley de Envases y Residuos de Envases, señaló que se presentará el borrador nº 12 del anteproyecto, que fue consensuado únicamente con las asociaciones empresariales y no fue consultado con las organizaciones sociales, en lugar del último borrador consensuado en el CAMA, que atendía a criterios de una mayor protección del medio ambiente. Fue igualmente decepcionante la postura de la Administración con respecto del embalse de Itoiz al decidir la continuación de las obras a pesar de la sentencia de la Audiencia Nacional que declara ilegal el proyecto sin atender las propuestas de buscar soluciones negociadas.
Esperamos que los resultados de este primer encuentro no sean representativos de toda la política que la nueva Administración desarrollará durante su legislatura. Deseamos que en el futuro mantenga una actitud de diálogo y búsqueda de consenso con las organizaciones sindicales y ecologistas respecto a las decisiones que adopte el Ministerio, sobre todo para evitar los graves problemas generados en el pasado cuando no se han considerado las opciones que mayormente garantizarían la salud ciudadana y la mejora medioambiental.
CC.OO. hemos hecho llegar también al Ministerio y a la opinión pública nuestra especial preocupación por el futuro del Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000) y por el Plan Nacional de Depuración de Aguas Residuales, ya que consideramos imprescindible un compromiso que garantice su aplicación y que, de ninguna manera, se vean afectados por los recortes presupuestarios.