Y que se puede resumir en cuatro ideas fuerza:
- El retraso en el cumplimiento de los plazos establecidos en la Directiva Marco del Agua (DMA) y la amenaza de posible sanción propuesta por la Comisión Europea. Esta es la consecuencia de la pésima transposición de la directiva a través de la ley de aguas y su posterior desarrollo normativo.
- Las dificultades para definir los objetivos ambientales que se predeterminaron en el esquema de temas importantes y que deberían materializarse el 31de diciembre de 2015.
- La incapacidad para asignar y financiar los recursos económicos necesarios como consecuencia de las medidas de restricción y ajuste tomadas por el Gobierno.
- La falta de un proyecto de consulta pública y participación ciudadana que supere las carencias identificadas en el anterior proceso referido a la definición de los temas importantes de la demarcación. En última instancia, la causa fundamental hay que buscarla en la dificultad para resolver el conjunto de conflictos que se exacerban a medida que se acerca el momento de la decisión: conflictos sociales entre territorios, usos, intereses, culturas; conflictos por el reparto de competencias entre las comunidades autónomas y el Estado; y conflictos políticos por el modelo de gestión en el que, de una parte se alinean el PP, CiU, sectores del PSOE y otros representantes de la comunidad hídrica tradicional (regantes, personal de las confederaciones hidrográficas, constructoras, hidroeléctricas) y, en la otra, se posicionan sectores del PSOE y del Gobierno, IU y otros representantes, en el ámbito político y social, de la nueva cultura del agua.
Los aspectos fundamentales que deben incorporarse en cualquier plan hidrológico deben ser:
- La definición de los objetivos ambientales de los planes de medidas y la financiación y ejecución de los mismos.
- La reducción de la contaminación y, en particular, de la difusa derivada del complejo agroalimentario de la demarcación.
- La definición de los caudales ecológicos exigibles y verificables en todo momento. Esta figura introducida en la legislación española no está recogida en la DMA y el procedimiento para su determinación presenta dificultades casi insalvables.
- La asignación de recursos para los distintos usos y, en especial, la revisión de los volúmenes para regadío y generación eléctrica. Todas las comunidades autónomas han exigido reservas hídricas para el complejo agroalimentario y energético.
- La caracterización del esfuerzo financiero compartido por las distintas administraciones y otras medidas relacionadas con la dimensión económica de la planificación, como puede ser la recuperación de costes.
- El seguimiento del cumplimiento del plan de cuenca y la mejora de las redes de control.
CCOO tiene como objetivo participar en el proceso de consulta pública con propuestas dirigidas a avanzar en un modelo de desarrollo sostenible de la cuenca y la creación y mantenimiento del empleo. En este marco, CCOO tiene como objetivo participar en el proceso de consulta pública con propuestas dirigidas a avanzar en un modelo de desarrollo sostenible de la cuenca y la creación y mantenimiento del empleo a través de los usos del agua, la gestión del recurso y los programas de actuación y las formas de contratación. Y también deberá intervenir en los conflictos centrales en la cuenca: caudales ecológicos, delta del Ebro, extensión del regadío y construcción de infraestructuras.
La ley de aguas es extremadamente restrictiva para la participación de las organizaciones que representan intereses sociales amplios, como son los sindicatos. De hecho, aun no estamos presentes en los consejos del agua de las demarcaciones. Esta circunstancia obliga a realizar un importante esfuerzo para coordinar la acción institucional de CCOO en la Confederación Hidrográfica del Ebro y en los órganos dedicados a la gestión del agua en el ámbito de las comunidades autónomas.
Este esfuerzo debe acompasarse con la configuración de un marco de relación y actuación estable con UGT y con las ONG en la demarcación. En esta demarcación, la ministra del MARM, Rosa Aguilar, nombrará al representante sindical en el consejo del agua, que corresponde a UGT, según lo convenido, siendo CCOO "invitado permanente".