Desmontando el cambio de modelo energético
Sara Pérez y Carlos Martínez
Durante algunos años hubo bastante consenso social e institucional sobre la necesidad de caminar hacia un modelo energético basado en fuentes renovables y en ahorro y eficiencia energética. Es incuestionable que estas fuentes de energía evitan emisiones de CO2, generan tejido industrial de elevado nivel tecnológico, crean empleo, reducen las importaciones energéticas y mejoran la balanza de pagos. El actual Gobierno no sólo ha echado el freno sino que está desmontando el camino andado para conseguir un cambio en el modelo energético.
La muestra de ese consenso sobre la necesidad de un cambio en el modelo energético se manifestó tanto en políticas institucionales como empresariales. Diversos estamentos trabajaron en esa dirección empujados, en parte, por los compromisos internacionales sobre cambio climático. Los diferentes gobiernos impulsaron planes de apoyo con objetivos a conseguir y sistemas de retribución o incentivos a la inversión que hicieran rentable su despegue. Ya en la década de los 90 se aprobaron sucesivos planes de ahorro y eficiencia energética y energías renovables, que fueron intensificados para adaptarse a las nuevas normativas y objetivos europeos.
Ciertas empresas y algunos centros públicos de investigación pusieron de manera audaz su grano de arena para incrementar nuestra capacidad tecnológica especialmente en las áreas eólica y solar. A pesar de que las grandes empresas energéticas siempre han mantenido una notable presión hacia los distintos gobiernos para mantener las condiciones regulatorias que sostienen sus tradicionales negocios, también ellas se subieron al carro del despegue de las renovables.
Al comienzo de la crisis en España se había logrado una alta penetración de las energías renovables, especialmente en lo que se refiere a la generación de electricidad. En 2010 las energías renovables produjeron 14.678 ktep, que representaron el 11,1% de la energía primaria consumida en España. Esto implicó la creación de un importante volumen de empleo en fabricación, construcción de instalaciones y operación y mantenimiento de las mismas. En 2010, ISTAS realizó un estudio exhaustivo sobre el sector, que arrojó una cifra de 113.000 empleos directos e indirectos creados hasta esa fecha.
Las energías renovables han ahorrado al país un volumen importante de importaciones de combustibles fósiles (2.429 M€ en 2012) mejorando la balanza comercial española y han evitado la emisión de CO2 (36 mill. de Tn. en 2012), lo cual también ha supuesto un ahorro económico. Además la producción renovable abarata el precio de la electricidad en el mercado mayorista al desplazar a otras centrales que tienen costes de operación más elevados (4.056M€ en 2012).
Otros ámbitos energéticos sin embargo no han avanzado en España. La eficiencia energética en el sector de la edificación no ha mejorado debido al retraso en la aprobación de normas para lograr niveles de aislamiento adecuados y a los escasísimos apoyos que ha habido a la rehabilitación energética de edificios y viviendas. En el sector del transporte se han construido demasiadas infraestructuras para el automóvil y el camión y se han descuidado los modos de movilidad más sostenible. Todo esto ha inducido un consumo de energía muy elevado. La intensidad energética de la economía española es una de las más elevadas de Europa y su grado de dependencia supera el 80% también por encima de la media europea que está por encima del 50%.
En los años en los que crecía la demanda de energía, las energías renovables no eran vistas como un problema pero cuando, por efecto de la crisis, la demanda bajó las grandes compañías eléctricas, que en parte, como hemos señalado antes, se habían incorporado al carro de las renovables, empezaron a verlas como un problema.
Durante una década las eléctricas habían instalado 27.000 MW de centrales de gas de ciclo combinado y cuando, a partir de 2008, el consumo de electricidad descendió estas centrales, que tienen los costes de operación más caros del mercado eléctrico, fueron desplazadas por las nucleares, por las renovables e, incluso, por las de carbón. Se ha llegado a una situación de exceso de potencia, que pone en vía muerta la rentabilidad que esperaban las empresas del oligopolio. La reacción de éstas ha sido desacreditar a las renovables. El mensaje ha calado en muchos medios de comunicación y en los últimos gobiernos, que han lanzado una batería de medidas para reducir con carácter retroactivo los apoyos retributivos que se habían establecido, y para eliminarlos totalmente para las nuevas instalaciones que estaba previsto construir según el Plan de Energías Renovables 2011-2020. Este plan, que fue aprobado para cumplir con los objetivos europeos de cambio climático y energía limpia, ha sido arrinconado por el nuevo Gobierno, y la propia Comisión Europea ha advertido que España se está desviando de la trayectoria hacia el objetivo a 2020 y podría recibir sanciones.
Pero la medida más escandalosa de las desarrolladas por el Gobierno del Partido Popular quizás haya sido la de establecer un “peaje de respaldo”, para el autoconsumo instantáneo con energía renovable que hace prácticamente inviable este tipo de instalaciones individuales. De no ser por esa insólita “tasa al sol” la producción de electricidad con paneles fotovoltaicos sería ya rentable para el consumidor, dados los actuales precios del recibo de la luz.
Los “recortes” en la retribución han llegado también a plantas de biomasa y biogás. Algunas de estas instalaciones están fuertemente asociadas a industrias que generan una alta carga de residuos orgánicos contaminantes (alpechín del olivo o purines de granjas porcinas). Parte de las plantas de este tipo con las que contamos utilizan estos residuos para generar electricidad y un abono orgánico de uso agrícola. Es un caso claro de efecto multisinérgico positivo puesto que reduce contaminación global y local, genera energía limpia y crea actividad económica y empleo. Las medidas del Gobierno abocan al cierre de muchas de ellas con lo que no tendremos electricidad renovable pero sí un residuo que puede contaminar acuíferos o cursos de agua. Resulta que tenemos producción autóctona de gas realizada con residuos, que ahora es pequeña pero que se podría incrementar notablemente, que nos permite además eliminar un grave problema ambiental derivado de la gestión de esos desechos. y el Gobierno la suprime al mismo tiempo que apuesta porque se exploten yacimientos de gas no convencional del que se pueden derivar riesgos ambientales sobre el territorio.
Parecido problema tienen muchas plantas de cogeneración industrial que, como las renovables, están en el “régimen especial” y reciben una retribución a la producción con la que compensar sus inversiones. La cogeneración es la producción simultánea de calor para uso industrial y de electricidad, que supone un proceso de alta eficiencia energética aunque muchas veces empleen combustibles fósiles. Hay unas 970 plantas de este tipo que suponen el 20% del PIB industrial y unos 200.000 empleos. Debido al recorte del 22% de sus ingresos, el 20% de las mismas están ahora paradas.
Las medidas cortoplacistas que ha desarrollado el Gobierno para reducir el déficit de tarifa no han atajado el fondo del problema, que en gran parte es la excesiva retribución que reciben algunas tecnologías como la gran hidráulica y la nuclear en un mercado que no tiene en cuenta los costes reales de generación. Sin embargo, sí están desmantelando gran parte del sector renovable. Los efectos sobre el empleo han sido demoledores, la mayor parte de las fábricas de tecnología solar o eólica han cerrado, lo mismo que muchas empresas especializadas en la construcción de instalaciones. Ahora, como ya hemos señalado, están en riesgo plantas de biomasa, biogás, biocarburantes y cogeneración.
El problema no sólo es el presente sino el futuro. Se dinamita un sector que aunque representó en 2012 solo el 12,2% del consumo total de energía primaria supone ya el 1% del PIB y es uno de los primeros en inversión en I+D+i. Las expectativas de creación de empleo a 2020 realizadas por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) en sus planes sobre renovables -302.866 empleos directos e indirectos- y sobre ahorro y eficiencia -762.698 empleos directos e indirectos-, no se cumplirán con las medidas regulatorias impuestas y con la falta de estímulos. Urge un debate social para defender el nuevo modelo energético que de manera incipiente se estaba empezando a desarrollar en nuestro país.
Sara Pérez. ISTAS y Carlos Martínez Camarero, Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente CCOO