Daphnia 51: El día después

El día después

Planes de reactivación ante el cierre de nucleares.

Las centrales nucleares son instalaciones que por sus características exigen después de su cierre un período prolongado en el que, aunque se haya desactivado el reactor y se haya dejado de producir electricidad, es preciso proceder a su desmantelamiento. Esto exige, entre otras actuaciones, la preparación y acondicionamiento de las instalaciones y equipos, la construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) para los residuos de alta actividad, la demolición de algunos edificios, la retirada de residuos y la construcción de un cajón para albergar el reactor. El mencionado ATI se hace necesario mientras no se construya el previsto Almacén Temporal Centralizado (ATC).

Estas actividades, el desmantelamiento y su proceso preparatorio, se prolongan durante aproximadamente una década. Durante este período, aunque decae el número de trabajadores de plantilla de la central, se generan nuevos empleos asociados al desmantelamiento. En ningún caso se produce, como desgraciadamente sucede en muchos otros cierres de empresas, la extinción inmediata del conjunto de los empleos, ni en la empresa eléctrica principal propietaria de la planta ni en las contratas que trabajan para ella. Esta circunstancia permite que las soluciones laborales para la plantilla y las medidas de reactivación económica de la zona de influencia puedan abordarse con suficiente tiempo y garantías de éxito.

Antecedentes

Existen ya en España dos experiencias en este sentido, una la del desmantelamiento ya concluido de la central nuclear de Vandellós I y otra la del cierre programado de la de Zorita.

En la central nuclear de Vandellós I (Tarragona), que era propiedad de Hifrensa, se produjo un incendio en 1989 que inutilizó parte de sus instalaciones y obligó a cerrarla. Cuando después de un prolongado periodo de preparación para el desmantelamiento se aprobó e inició éste (1998), aún trabajaba en la empresa el 33% de la plantilla que existía en el momento del incendio (300 trabajadores). Los demás habían sido recolocados en otros centros de trabajo de la empresa o incluidos en un acuerdo de prejubilación. Parte de los trabajadores de las contratas de limpieza y de seguridad también seguían trabajando en la instalación.

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Según datos de Enresa, la empresa pública que dirige y se ocupa de coordinar todos los aspectos relacionados con el desmantelamiento de las centrales nucleares, en el período de ese desmantelamiento (1998-2003) han trabajado un total de 2.700 personas pertenecientes a 63 empresas. La media de trabajadores ocupados en esta tarea es de 323, un 70% de los cuales pertenecía a la zona de la central. A lo largo del período de latencia de la central (25 años) permanecerán en la instalación diez trabajadores contratados por Enresa. En la ubicación de Vandellós se ha construido un centro tecnológico, denominado Mestral, para el desarrollo -a través de un acuerdo con la Universidad-, de investigaciones de I+D relacionadas con el desmantelamiento de centrales.

La central de José Cabrera en Zorita (Guadalajara) acaba de iniciar su desmantelamiento. En octubre de 2002 el Ministerio de Economía, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, decidió su cierre para el 30 de abril de 2006. La instalación, que es la más antigua de todas las centrales nucleares españolas (1968) y tenía una potencia de 160 MW, es propiedad de Unión Fenosa y contaba en el momento de su cierre con unos 100 trabajadores de plantilla y otros tantos procedentes de las contratas que trabajan para ella.

El plan de desmantelamiento prevé desarrollarse a lo largo del periodo 2010 a 2016. Desde su cierre en 2006 hasta el 2009 se ha preparado y acondicionado la instalación para el desmantelamiento y se ha construido un ATI para albergar los residuos de alta actividad procedentes del reactor de la central. El desmantelamiento consiste, entre otras operaciones, en la demolición de instalaciones y en la retirada de otros residuos. En este último período se calcula que habrá unos 250 trabajadores ocupados (una parte de Enresa y otra de contratas). El presupuesto de dicho desmantelamiento es de 135 millones de euros, sin contar con la gestión del combustible nuclear gastado. Recientemente, ha concluido el traslado del combustible gastado que se guardaba en la piscina de la central a su ATI.

En marzo de 2006 se firmó el pacto por el desarrollo de la zona de influencia de la central nuclear José Cabrera de Zorita. El pacto, impulsado por la Junta de Castilla-La Mancha y firmado por los alcaldes, sindicatos, organizaciones empresariales y otras instituciones, incluía la constitución de una mesa de seguimiento encargada de proponer, impulsar, coordinar y supervisar actuaciones para el desarrollo de la comarca, así como la creación de una agencia de desarrollo para promoción e impulso del plan. La constitución de esta agencia ha quedado paralizada por razones políticas, pero en estos últimos años se han aprobado diversos proyectos (31) para la comarca por un total de 700.000 euros, que no han estado exentos de polémica.

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El Gobierno español aprobó recientemente, tras un intenso debate público, el cierre de la central nuclear de Garoña para el día 6 de julio de 2013. A este anuncio le siguió la aprobación de un plan de dinamización económica y de medidas para el empleo para la zona de influencia de la central, que recoge 29 actuaciones en cinco ejes para el período 2010-2013.

Criterios sindicales

Acorde con las características de las instalaciones nucleares y las circunstancias temporales de sus procesos de cierre, y a la luz de la experiencia de los mismos en los casos mencionados anteriormente se deberían establecer los siguientes criterios para abordar dichos procesos:

  • Se trata de desarrollar actividades productivas y económicas que puedan generar empleos alternativos a los que, directa o indirectamente, genera la central nuclear.
  • Si se tiene en cuenta que la pérdida de dichos empleos no es inmediata en el momento de proceder al cierre de su actividad de producción de energía eléctrica, sino que éste implica un período prolongado de desmantelamiento, la puesta en marcha de actividades alternativas y su consiguiente creación de empleo deberá adecuarse a dichos períodos de tiempo, realizando una planificación concreta de todo el proceso de desmantelamiento y paralelamente otro de recolocaciones en empresas alternativas en la zona de los trabajadores de Garoña. Este apartado es prioritario y se debería realizar antes de julio de 2013. No podemos obviar que en Garoña el 50 % de los trabajadores son titulados superiores y medios en las ramas técnicas.

A ese respecto, hay que tener en cuenta y distinguir entre los trabajadores de la plantilla de la empresa eléctrica, los de las contratas de la misma y los de aquellas otras actividades de la zona que indirectamente se ven beneficiadas por la presencia de la instalación nuclear. Las características y situación de estos colectivos son muy distintas y las opciones para ampararlos y crear actividad alternativa debe ser también diversa.

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También es muy importante identificar adecuadamente la zona geográfica a reactivar, que puede o no coincidir con el área de influencia de las centrales a efectos de los planes básicos de emergencia nuclear o con el de asignación de fondos con destino a los ayuntamientos por parte de Enresa.

  • Se trata, en cualquier caso, de promover empleos que sean estables y que, por tanto, asienten a la población de la zona. En ese sentido son preferibles las actividades industriales, productivas, tecnológicas o de servicios asociadas a recursos propios de la zona frente a las relacionadas con la mera construcción de infraestructuras que suponen sólo puestos de trabajo temporales mientras se ejecutan dichas obras.
  • Las actividades económicas a desarrollar han de ser sostenibles desde el punto de vista medioambiental, en consonancia con las estrategias de desarrollo sostenible y de desarrollo rural. No cabe aceptar proyectos que supongan el incremento de la contaminación de la zona o que supongan un aumento significativo de la emisión de gases de efecto invernadero. 
  • Los proyectos de reactivación se tienen que definir globalmente y con la participación de las instituciones y de las organizaciones económicas y sociales concernidas e interesadas en los distintos niveles territoriales. Esta participación social e institucional tiene que canalizarse tanto para la adopción de las decisiones sobre los proyectos a definir y financiar y sobre su dimensión temporal como para el seguimiento y control de su desarrollo y ejecución. El consenso y la cooperación son fundamentales si consideramos la variedad de intereses y puntos de vista que intervienen.

Jóse María Antuña
Secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Federación de Industria de CCOO
Carlos Martinez Camarero
Responsable del Departamento Confederal de Medio Ambiente de CCOO

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