Plan Nacional de Residuos Peligrosos
El Gobierno, siguiendo de cerca la Directiva 91/686 de la Unión Europea en materia de residuos peligrosos, elaboró en el año 1995 un Plan Nacional de Residuos Peligrosos (PNRP) cuyo plazo de cumplimiento expiró en diciembre del año 2000. La dificultad a la hora de hacer un balance de este Plan está en que no hay prácticamente datos oficiales. Algo que confirma el escaso grado de cumplimiento de este PNRP. Una situación que no debería repetirse en siguientes planes (este artículo ha dido realizado a partir del informe elaborado por Mercedes Álvarez «Ejecución del Plan Nacional de Residuos Peligrosos »).
LÍNEAS PRIORITARIAS DEL PNRP
Dividiendo los objetivos del Plan por áreas prioritarias, la Administración se centró en tres aspectos para los que fijó unas acciones concretas.
- Prevención y diagnóstico: se propuso alcanzar para el año 2000 una reducción en origen de los residuos peligrosos de, al menos, un 40% respecto al año 1994. Estableció que para el año 1995 debería disponerse ya de inventarios y de Planes de gestión en todas las Comunidades Autónomas, que se revisarían como mínimo cada tres años.
- Reciclaje y reutilización «in situ»: La Administración dispuso que para el año 2000 debería alcanzarse, como mínimo, un porcentaje de reutilización y reciclaje «in situ» del 20% respecto del año 1994.
- El tratamiento externo adecuado de los residuos generados. Se propuso que para el año 2000 estuviese garantizado el acceso de todos los residuos peligrosos generados a infraestructuras de tratamiento adecuadas, no sólo desde un punto de vista ambiental, sino también desde la viabilidad económica. Así como debería estar disponible una red supraautonómica de depósitos de seguridad que cubriese las necesidades de tratamiento que no pudiesen ser atendidas por otras infraestructuras.
IMPLANTACIÓN DEL PLAN EN LAS CC.AA.
El primer paso para la implantación del PNRP era la elaboración de inventarios y Planes a nivel de las Comunidades Autónomas. A fecha de hoy, no todas las CC.AA. tienen aún aprobado un Plan de Residuos Peligrosos y hay que tener en cuenta que la mayoría de los existentes se pusieron en marcha con dos y tres años de retraso, tal y como se aprecia en la Tabla I.
VALORACIÓN DEL PNRP
Según el MIMAM, resulta imposible conocer si se han cumplido los objetivos que se habían establecido en el Plan (prevención, reutilización y reciclaje in-situ, regeneración de aceites usados, etc.). El Ministerio tampoco puede demostrar que el 45% de las inversiones públicas hayan ido destinadas a la prevención, el 26% a la reutilización in-situ o el 8% a investigación y desarrollo. Es decir, el Ministerio no sabe explicar en qué se ha gastado los 8.000 millones de pesetas que ha distribuido entre las CC.AA. durante los últimos cuatro años (Tabla II).
En cualquier caso, si comparamos esta cifra con la comprometida en el Plan (45.610 millones), podemos afirmar que ni se ha ejecutado presupuestariamente ni se han producido cambios muy sustanciales a nivel estatal en el plano de los residuos peligrosos respecto a la situación de hace seis años, independientemente de los esfuerzos que alguna Comunidad Autónoma haya realizado en la implantación de políticas de reducción y correcta gestión de residuos peligrosos.
De hecho, en la última estadística sobre residuos peligrosos publicada por el Instituto Nacional de Estadística se calcula que en 1999 se produjeron un total de 4.279.709 toneladas de residuos en el Estado español. El aumento de un 15% en la generación de residuos respecto a 1995 puede deberse, en parte, al incremento en la declaración y actualización de los inventarios pero, por otro lado, muestra la clara tendencia ascendente en la producción de residuos peligrosos, que no sorprende cuando consideramos la escasísima implantación de políticas de reducción desarrolladas por la Administraciones competentes.
En este sentido podemos ver, por ejemplo, la enorme contradicción entre la previsión de la gestión de los aceites usados que se incluía en el PNRP (REGENERACIÓN) y la gestión real, según datos del MIMAM del 80% que debía recuperarse, el 55% debía haberse regenerado. Pero esta regeneración ningún año superó el 23% del total.
Por otro lado, a fecha de enero de 2001, el MIMAM sólo posee datos sobre la declaración y gestión de los residuos peligrosos hasta el año 1998. Frente a la falta generalizada de conocimiento, seguimiento y control y, podríamos decir incluso de interés por parte del Ministerio de Medio Ambiente, resulta muy difícil hacer un balance real de la política de residuos de los últimos años, aunque esta misma situación refleja una realidad caótica.
El Ministerio ya debería haber elaborado el PNRP para el siguiente período para ser sometido a la opinión pública; sin embargo, aún no se sabe absolutamente nada. Esperamos que el MIMAM garantice que la elaboración del Plan sea una proceso transparente y participativo y, como mínimo, busque superar al anterior en objetivos, recursos y mecanismos de control y vigilancia, con el fin de reorientar la deficiente y pasiva política de residuos peligrosos desarrollada en los últimos años.
La conclusión de esta evaluación de los niveles de ejecución de este PNRP, que tantas expectativas generó, es que ni la administración central ni las autonómicas conocen (ni parece que les interese conocer) el grado de cumplimiento de los objetivos marcados y que la ejecución presupuestaria del Plan ha sido ínfima. Muy probablemente, estamos peor que en 1994.
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Estefanía Blount
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