El capitulo del PEIT sobre transporte urbano y metropolitano define unas directrices e incorpora una serie de planteamientos en su mayor parte acertados sobre cómo abordar las actuaciones para mejorarla movilidad en las ciudades y sobre el papel activo que ha de jugar la Administración General del Estado(AGE) en ello. Compartimos la idea de que la congestión urbana no debe resolverse con aumentos de la capacidad de las infraestructuras viarias y que las nuevas vías favorecen la dispersión urbana y un mayor uso del automóvil y responden en muchos casos a estrategias de desarrollo urbano.

Nos parece importantísimo la elaboración y desarrollo de planes de movilidad sostenible, pero consideramos muy débiles los mecanismos de cooperación o concertación con las autoridades regionales o locales que se establecen para implantarlos. Es preciso establecer los instrumentos normativos adecuados para desarrollar estos planes. Hay que recordar que la necesidad de establecer planes de movilidad urbana en ciudades de más de 100.000 habitantes ya estaba recogida en la estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4) y, desde su aprobación, no se ha dado prácticamente ningún paso en ese sentido.

Por eso, los planes de movilidad, no se deben dejar a la simple iniciativa de las administraciones locales o autonómicas o a los mecanismos de cooperación de éstas con el Estado. Los instrumentos con que cuenta este último, en concreto la línea de subvenciones al transporte urbano o la financiación de infraestructuras, no es suficiente. El Plan Nacional de Asignación, aprobado por el Real Decreto 1866/2004, plantea: “La promoción de normativas que hicieran obligatorios los planes de movilidad en ciudades de más de 100.000 habitantes”. Qué mejor que una ley estatal de movilidad que, como la aprobada en Cataluña (Ley 9/2003 de la Generalitat –BOE 169 de17 de julio de 2003–), generalice la obligatoriedad de abordar y planificar la gestión de la movilidad con criterios de sostenibilidad.

Dicha ley debería contener directrices nacionales de movilidad que obliguen a la planificación urbanística y sectorial, planes directores autonómicos de movilidad, planes de movilidad urbana o de ámbito comarcal o de área metropolitana, la figura del coordinador de la movilidad en las administraciones locales y la creación de órganos de participación ciudadana sobre transporte urbano.

Para articular los servicios del transporte en áreas metropolitanas es conveniente impulsar la creación o, en su caso, el reforzamiento, de autoridades o consorcios de transporte, así como la coordinación y vinculación mayor entre ellos, impulsando instrumentos ya existentes como el Observatorio de la Movilidad Metropolitana.

Los planes de movilidad sostenible deben incorporar la consideración especial del transporte al trabajo, que constituye el primer motivo de movilidad en el ámbito urbano. Además del desarrollo de planes de movilidad en empresas, resulta particularmente importante abordar el problema específico del transporte a los polígonos industriales o empresariales que suelen tener graves carencias de transporte público, lo que obliga en muchos casos a la utilización masiva del automóvil.

La ausencia generalizada de transporte público adecuado en los polígonos industriales exige medidas de choque para un horizonte temporal cercano. No parece razonable pensar que las autoridades locales vayan a decidir afrontar acorto plazo este problema. Es necesario que, en el marco del PEIT, exista un compromiso de la Administración General del Estado de financiar un sistema de autobuses –tipo “lanzaderas”,desde estaciones de metro o de cercanías en las áreas metropolitanas y autobuses convencionales en las demás ciudades–para conectar estas zonas con los centros urbanos en las horas de entrada y salida a los centros de trabajo. Un programa generalizado de este tipo exigiría la realización de estudios previos en cada uno de los polígonos y la participación en su elaboración y desarrollo de las organizaciones empresariales y sindicales.

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Carlos Martínez.
Responsable adjunto del Departamento Confederal de Medio Ambiente de CCOO.
cmcamarero@ccoo.es