El empleo público agrupa a casi 2,5 millones de trabajadores, la mitad de ellos adscritos a las comunidades autónomas, 546.716 a la Administración General del Estado (AGE) y otros 572.319 a las administraciones locales. La mayoría se concentra en las capitales, especialmente en Madrid (16,04%).

Desde sus orígenes, algunos centros de la Administración se ubicaron en las afueras de las ciudades. Con el tiempo el desarrollo urbanístico incorporó estas construcciones al centro urbano, lo que les ha dotado de una mejor accesibilidad. Los principales intercambiadores se localizan en torno a dependencias de las distintas administraciones.

Sin embargo, esta dotación no parece satisfacer a todos los trabajadores. En los años setenta muchos centros adaptaban su espacios al automóvil y crearon plazas de aparcamientos en superficie o subterráneos. Nuevas edificaciones, como el Ministerio de Economía, se diseñaron con numerosas plazas de aparcamiento. Esto ha llevado a que exista una sobredotación de estacionamiento, cuatro veces por encima de la media europea.

Por otro lado, las “rutas” casi han desaparecido. La deslocalización residencial y el incremento de la motorización han convertido este medio en un transporte poco atractivo que haterminado por dejar de prestar el servicio o teniendo escasos usuarios.

En torno a los centros de la Administración suele residir una parte importante de la plantilla. La permanencia del puesto de trabajo entre los empleados públicos permite planificar el origen de sus viajes y, por tanto, la elección de su residencia. Según estudios en diferentes centros, el 25% de los empleados del Instituto Geográfico Nacional (1997) y el 37% de los trabajadores del Centro de Estudios yExperimentación (CEDEX) (2005) residen en el interior de la almendra central en Madrid. En el caso de la Conselleria de Medi Ambient en Palma el porcentaje aumenta: en el interior de la Vía de Cintura vive el 55% dela plantilla (2002).

A pesar de estos condicionantes claramente favorables al uso del transporte público, prima la utilización del vehículo privado. En Palma el 43% de los empleados de la Conselleria de Medi Ambient acude en automóvil al trabajo. Lógicamente, en las ciudades que existe una red de transporte público adecuada la participación del coche desciende (por ejemplo, en Madrid, en el complejo de Nuevos Ministerios, el 26%). Pueden parecer cifras aceptables. Sin embargo al penetrar hasta el corazón de las urbes, causan graves problemas que colaboran al deterioro de la calidad del aire en nuestras ciudades.

En los últimos años ha aparecido una nueva amenaza que agravará aun más la situación: la deslocalización de algunos centros de la Administración, como ocurre con la ciudad de la justicia en Madrid o en Barcelona.

Pilar Vega
colaboradora de ISTAS