Un grupo internacional de científicos, representantes de administraciones, abogados, sindicalistas y activistas de la protección medioambiental se reunieron hace un par de años en Wingspread, estado de Wisconsin (EE.UU.) para definir y discutir el principio de precaución1. Tras reunirse durante dos días, el grupo emitió la siguiente resolución consensuada:
«La liberación y uso de sustancias tóxicas, la explotación de recursos y las alteraciones físicas sobre el medio ambiente han tenido consecuencias sustanciales no intencionadas que han afectado a la salud humana y al medio ambiente. Algunas de estas preocupaciones son altas tasas de dificultades en el aprendizaje, asma, cáncer, defectos de nacimiento y extinción de especies; junto con el cambio climático, la destrucción del ozono estratosférico y la contaminación mundial con sustancias tóxicas y materiales nucleares.
Creemos que las regulaciones medioambientales y otras decisiones existentes, particularmente aquellas basadas en la evaluación de riesgo, han fracasado en la adecuada protección de la salud humana y del medio ambiente (el sistema mayor del cual los seres humanos no son más que una parte).
Creemos que existen evidencias convincentes de que los daños a seres humanos y el medio ambiente mundial es de tal magnitud y seriedad que son necesarios adoptar nuevos principios para orientar las actividades humanas.
En la medida en que nos demos cuenta de que las actividades humanas pueden conllevar la aparición de sustancias tóxicas, las personas deben de proceder más cuidadosamente de lo que se ha venido haciendo en la historia reciente. Las empresas, las entidades gubernamentales, las organizaciones, comunidades, científicos y otros individuos deben adoptar una actitud de precaución en todos los proyectos de actividades humanas.
Por tanto, es necesario aplicar el Principio de Precaución: cuando una actividad presenta amenazas para la salud humana o para el medio ambiente, deben tomarse medidas de precaución aún cuando no haya sido científicamente determinada en su totalidad la posible relación causa/efecto. En este contexto, quien propone una actividad debe cargar con la responsabilidad de las pruebas, en lugar de la ciudadanía.
El proceso de aplicación del Principio de Precaución debe ser transparente, con obligación de informar y democrático, y debe incluir a todas las partes potencialmente afectadas. Debe, a su vez, involucrar un examen de la gama completa de alternativas, incluyendo la no acción».
Según Joel Tickner de la Universidad de Massachusetts, la aplicación de este concepto consistiría en transformar la orientación actual de la toma de decisiones, y que consiste en ¿qué nivel de riesgo es aceptable? o ¿cuánta contaminación puede asimilar un ser humano o un ecosistema sin mostrar ningún efecto adverso obvio?, para transformarla en los siguientes planteamientos: ¿cuánta contaminación puede evitarse a la vez que se mantienen los valores necesarios?, ¿cuáles son las alternativas a este producto o actividad que logran alcanzar la misma meta deseada?, y antes de nada, ¿necesita realmente la sociedad esta actividad?
Los participantes en dicha reunión apuntaron que las políticas actuales, tales como la valoración de riesgo y el análisis coste-beneficio, otorgan el beneficio de la duda a los nuevos productos y tecnologías, que más tarde pueden revelarse como dañinos. Y cuando los daños ocurren, las víctimas y sus defensores tienen la tarea, prácticamente imposible, de demostrar que fue un producto concreto o actividad el responsable.
La autora Sandra Steingraber desarrolló las recientes conclusiones de un estudio elaborado por el Centro para la Prevención de Cáncer de Harvard que determinaban que sólo el 2% de las muertes por cáncer son causadas por toxinas industriales emitidas por la industria al medio ambiente en el siguiente sentido:
a) Cuando sustancias tóxicas se introducen en nuestro cuerpo (o los cuerpos de nuestros hijos) sin nuestro consentimiento informado, es una intrusión tóxica. Existe un consenso social generalizado sobre la agresión que supone este tipo de intrusión y sobre su nocividad.
b) Si aceptamos tal estimación en su sentido literal, este 2% representa la muerte de 11.000 individuos cada año sólo en Estados Unidos (el equivalente anual a eliminar una ciudad entera, treinta funerales todos los días). Estas muertes representan una forma de homicidio, aspecto éste sobre el que casi todo el mundo concuerda y valora negativamente.
c) Todos tenemos el derecho humano fundamental de disfrutar de nuestro medio ambiente sin miedos. Aquellos que introducen sustancias químicas tóxicas en el medio ambiente (bien sea como residuos, bien como productos) nos niegan este derecho humano. La mayor parte de la opinión pública es consciente de la gravedad que comporta tal privación de un derecho básico.
DEPÓSITO “4P” - Principio de Precaución de quien Poluciona Paga
Robert Constanza de la Universidad de Maryland, propuso la creación de un depósito de garantía frente a la incertidumbre científica asociada a la introducción de una nueva tecnología, proceso o sustancia química. Antes de la puesta en marcha de la innovación se estimarían en términos monetarios los costes de reparación de los daños -en el peor de lo casos posibles- que pudieran ocasionar la tecnología, proceso o sustancia introducidas. Dicho importe sería depositado ante los organismos administrativos correspondientes por quien proponga la nueva actividad y antes de iniciarla. Con la introducción de este elemento, el beneficio de la duda se desplazaría hacia el empresario, el cual, además, tendría mayor incentivo financiero para adoptar las alternativas menos impactantes con el fin de evitar los daños más graves.
Si tras los plazos establecidos se ha podido demostrar la inocuidad de dicha actividad, la cantidad depositada sería devuelta junto con las retribuciones que se hubieran acordado. Si los daños fueran menores que los estimados, se podría devolver parte del depósito (con retribución) pero, en cualquier caso, recaería sobre la empresa la responsabilidad de demostrar que efectivamente los daños han sido menores. Con este depósito se trata de obtener una garantía de aquellos productores que aseguran que su actividad no entraña ningún peligro, teniendo que arriesgar su dinero donde antes sólo arriesgaban su palabra.
Referencia:
Montague, P. “The Precautionary Principle”. Rachel’s Environment & Health Weekly #586