Sociedad civil, medio ambiente y gobernanza
El desarrollo científico-tecnológico plantea en nuestros días retos constantes: seguridad alimentaria, medio ambiente, información y comunicaciones, transporte, energía, biomedicina, nanotecnologías… Los nuevos modelos y problemas propician profundas transformaciones en las formas de gestión de la ciencia y la tecnología, que se han venido caracterizando por el paso de los procesos de “gobierno” a los procesos de “gobernanza”. La gobernanza se ha definido de múltiples formas, aunque todas ellas comparten el énfasis en la pluralidad de actores, niveles de decisión y estrategias, convirtiendo lo que eran procedimientos jerárquicos y lineales en multivariables.
Los problemas ambientales suponen uno de los ámbitos principales en los que se desarrollan los modelos de gobernanza, por varias razones: por su relevancia y ubicuidad, por su carácter transnacional y global, que requiere nuevos métodos de tratamiento para compatibilizar las distintas escalas tanto espaciales como temporales, y por las hibridaciones complejas entre sistemas sociales y naturales que presentan.
El tránsito del gobierno a la gobernanza en la gestión medioambiental ha venido acompañado de un aumento gradual en el número y diversidad de los actores implicados, dando paso a nuevas fuerzas emergentes, como instituciones internacionales, empresas, científicos, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, cuyo papel en la “gobernanza ambiental global” es ahora fundamental. Habitualmente, la sociedad civil accede así a la participación a través de asociaciones y organizaciones más o menos estables en el tiempo y con diferentes ámbitos temáticos y geográficos. Su papel como voz de los ciudadanos incluye funciones como las de recoger, difundir y analizar información, sensibilizar a la opinión pública, asesorar para el diseño y evaluación de políticas, velar por el cumplimiento de acuerdos y legislaciones…
En consonancia con los nuevos modelos de gobernanza, las administraciones han introducido paulatinamente mecanismos de participación destinados a incorporar a la sociedad civil en procesos de deliberación y toma de decisiones en cuestiones relacionadas con el medio ambiente. En el caso español, a la amplia legislación ambiental ya existente, consistente en su práctica totalidad en la transposición de directivas comunitarias, se han incorporado disposiciones referidas a la implicación activa del público, como la reciente ratificación del Convenio de Aarhus (firmado en 1998 y que entró en vigor en España el 29 de marzo de 2005). Del mismo modo, se han creado Comisiones Asesoras de Medio Ambiente o Consejos temáticos, tanto a nivel estatal como autonómico y local, en los que participan representantes de organizaciones no gubernamentales de defensa del medio ambiente, además de representantes de la administración, la empresa, sindicatos y expertos universitarios.
Sin embargo, la legislación es frecuentemente incumplida, o insatisfactoriamente cumplida, considerándose a menudo más un escollo a superar que un procedimiento necesario; y, aun cuando es la presión pública la que desencadena la adopción de estrategias de negociación o participación, estas estrategias fracasan a menudo por falta de compromiso por parte de la Administración y por una sensación general de inutilidad de los procesos, lo que conlleva la retirada de las organizaciones convocadas. Cada proceso que fracasa supone un aumento de la desconfianza y de la reticencia a participar en procesos similares en el futuro. Definir claramente los objetivos del proceso de participación, y su conexión tanto con la formulación del problema como con la toma de decisiones son requisitos indispensables para evitar estas altas tasas de fracasos.
Diseñar y poner en funcionamiento mecanismos de gestión participativa eficaces requiere la convicción de que la sociedad civil, a través de sus representantes, incorpora conocimientos y puntos de vista válidos y valiosos para la formulación de políticas y la resolución de conflictos. Desperdiciar la oportunidad de crear auténticos instrumentos de diálogo y participación significa desperdiciar la oportunidad de avanzar en la construcción democrática de nuestras sociedades.
Marta I. González García
Instituto de Filosofía, CSIC