Daphnia 48: El desarrollo de las renovables como política anticrisis

El desarrollo de las renovables como política anticrisis

Las potencias de las principales energías renovables han venido creciendo anualmente entre un 30 y un 60%, según el tipo de tecnología. La inversión en renovables en 2007 fue de 148.400 millones de dólares, un 60% más que en 2006. Y en el primer semestre de 2008 la inversión seguía creciendo, lo cual no quiere decir que la crisis energética no le afecte.

Obama afirma que la política de su administración consistirá en “revertir nuestra dependencia del petróleo extranjero al mismo tiempo que construimos una nueva economía de la energía que creará millones de puestos de trabajo”

En los últimos meses, no obstante, se han producido diversos acontecimientos que auguran un despliegue mucho más rápido de las renovables por el mundo. Y ello ocurre en un momento en que sufrimos una profunda crisis económica, magnificada por la última escalada de los precios del petróleo, fruto del proceso de agotamiento de éste, y que va a condicionar decisivamente la salida de la crisis. En esta situación, el desarrollo de las renovables y de la eficiencia se constituye en una potente política anticrisis: reduce la dependencia de los combustibles fósiles y crea más empleo por unidad de inversión que ninguna otra actividad productiva.

El 26 de enero de 2009 nació en Bonn la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), tras aprobar sus estatutos los representantes de 72 Estados (otros 53 asistieron como observadores), gracias a un trabajo de dieciocho años de la asociación Eurosolar y al apoyo de Alemania, que ha contado en los últimos años con el respaldo de Dinamarca y España. Según la declaración del Gobierno alemán pronunciada en el acto, su objetivo general es «ayudar a generar un crecimiento masivo de las renovables y a reducir la rivalidad mundial por el acceso a las energías fósiles». Algunos objetivos concretos que establecen los estatutos son «actuar como facilitador y catalizar» y «ofrecer apoyo en todos los asuntos relacionados con las energías renovables». La agencia está dotada de un presupuesto anual de 25 millones de dólares y es independiente de la ONU, porque se quiere empezar a trabajar rápidamente, sin trabas burocráticas.

El 9 de diciembre de 2008 el Parlamento Europeo y el Consejo acordaron la directiva 20/20/20, que establece los compromisos obligatorios de cada Estado miembro respecto al desarrollo de la eficiencia energética y de las renovables, los cuales permiten alcanzar los objetivos generales de la Unión Europea de elevar para el año 2020 la eficiencia en un 20% y la aportación de las renovables al consumo energético en otro 20%. Estos objetivos permitirán reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero.

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Algunos países europeos han presentado ya planes de desarrollo de las renovables según la responsabilidad que les marca la directiva. A modo de ejemplo, pueden citarse dos que muestran el giro que se está dando en política energética. Hasta ahora Francia y el Reino Unido han abanderado la energía nuclear, pero recientemente han presentado sendos planes de desarrollo de las renovables para cumplir los requisitos de la directiva. En junio de 2008 Gordon Brown dio a conocer un plan energético que supone multiplicar por diez los objetivos que tenía el Gobierno para 2020 y que representa «el cambio más dramático en nuestra política energética desde el advenimiento de la energía nuclear». El plan de Francia supone pasar de 13 megavatios instalados para captar energía solar a 5.400 megavatios en 2020. Pero lo más llamativo es el cambio del modelo eléctrico centralizado (y basado en la energía nuclear: aporta el 75% de la oferta) por otro en el que «cada casa, compañía y comunidad producirá su propia electricidad».

La política energética del presidente Obama pretende duplicar, en un plazo de tres años, la potencia renovable instalada, aparte de aumentar la eficiencia energética de los coches en un 40% para 2020 y de reducir en un 75% el consumo energético de los edificios públicos. Y todo ello para conseguir la «independencia energética» y que «América no sea rehén de recursos menguantes». Esta alusión a la energía fósil es compartida por el Gobierno alemán y por el comisario de Energía de la UE, Andris Piebalgs, quien declaró en Bonn que «necesitamos una nueva revolución industrial para acabar con nuestra dependencia de las energías fósiles, y las energías renovables son el corazón de esta revolución».

Las políticas mencionadas también tienen elementos negativos: los fuertes apoyos a los agrocombustibles -a pesar de numerosos informes demoledores de diversos institutos tecnológicos de la UE y de los expertos más reputados en la materia-; la captación del CO2 emitido por las centrales térmicas, una práctica que no se puede generalizar y es muy cara; y el desarrollo de la energía nuclear en la UE para seguir siendo líder tecnológico, y ello a pesar de que la nuclear no forma parte de su política energética.

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El potencial anticrisis de la eficiencia y de las energías renovables viene avalado por su gran capacidad de generar empleo. Obama afirma que la política de su Administración consistirá en «revertir nuestra dependencia del petróleo extranjero al mismo tiempo que construimos una nueva economía de la energía que creará millones de puestos de trabajo». Calcula que el objetivo de duplicar la potencia renovable creará 460.000 empleos. Según un reciente informe de la American Solar Energy Society, la eficiencia y las renovables daban empleo a 9 millones de trabajadores en 2007 y en un escenario de fuerte apoyo a estas actividades se estima que emplearán a 37 millones en 2030. El Gobierno alemán ha elevado de 300.000 a 400.000 trabajadores sus previsiones de creación de empleo de las renovables para 2020, dado que se está creando mucho más de lo previsto. El sector eólico europeo ha emitido un estudio en el que informa que alcanzó 154.000 empleos (directos e indirectos) en 2007 y que prevé 330.000 en 2020. El sector fotovoltaico europeo prevé que en 2030 genere electricidad para más de 3.000 millones de personas y cree 10 millones de empleos.

El Gobierno de España mantiene un discurso favorable a las renovables, pero multiplica los obstáculos a su crecimiento: no se está desarrollando la red eléctrica, por lo que no se pueden aprovechar muchos lugares de alto potencial renovable; eleva las barreras burocráticas que retrasan y encarecen las inversiones; se queja de que son excesivos los planes de expansión de las renovables de las comunidades autónomas; en lugar de definir un marco normativo estable, que es lo que necesitan y piden las empresas, lo modifica a menudo y anuncia con muchos meses de antelación que va a recortar fuertemente las primas, lo cual genera enormes carreras para instalar lo más posible antes de se que se rebajen la prima, así como variaciones muy grandes de las potencias anuales instaladas.

En 2007 se instalaron 3.522 megavatios de potencia eólica (el doble de lo habitual) y en 2008 sólo poco más de 1.600 megavatios. En fotovoltaica se pasó de 340 megavatios en 2007 a posiblemente más de 3.700 megavatios en 2008.

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Últimamente, el Gobierno ha ido más lejos al acusar a las renovables de ser las principales responsables de la fuerte deuda que soporta el Ejecutivo con las empresas eléctricas y al sector fotovoltaico de ser un nido de especuladores. Sin embargo, la deuda es debida a que los precios eléctricos son más bajos que los costes, política impuesta por el PP y mantenida por el PSOE. Es indudable que el sector fotovoltaico tenía una prima excesiva, pero la demora en su rebaja ha generado una inversión explosiva y especulación. Ahora, además de rebajar mucho la tarifa, el Gobierno limita a 500 megavatios la potencia anual a instalar (la mayor parte en tejado, cuya tramitación es kafkiana) y cada trimestre licita las ofertas. El resultado es el despido de 10.000 trabajadores desde septiembre. Isofotón, la única empresa española que se encuentra entre las 15 mayores del sector fotovoltaico del mundo, va a mandar a casa a más del 90% de la plantilla (658 trabajadores) durante tres meses. Todo ello ocurre en un momento en el que se está decidiendo el futuro del sector,
en un país que tiene la tasa más alta de destrucción de empleo de la OCDE y cuando los Estados citados anuncian inversiones de cientos de miles de millones de dólares para cumplir sus objetivos.

Roberto Bermejo
Profesor de la UPV/EHU y miembro de Bakeaz

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