Por un lado, el diseño y la gestión de un sistema eléctrico es un problema con una fuerte componente técnica. Por otro, las repercusiones medioambientales son ineludibles y variadas: emisiones de contaminantes, generación de residuos y uso de suelo y agua. En tercer lugar, se trata de un sector con carácter estratégico, pues concierne la soberanía energética del país y afecta, por tanto, a variables macroeconómicas como la balanza de pagos, el empleo, etc.
En este contexto, es normal que diferentes afinidades (la técnica, la medioambiental y la político-económica) reclamen su visión para alcanzar, mediante la legislación del sector derivada de una política energética integradora, una solución de equilibrio para un problema inherentemente multidisciplinar. O al menos, eso sería lo deseable.
Con la Ley del Sector Eléctrico de 1997 se inició en España un proceso de liberalización del sector. Se eliminó explícitamente la noción de servicio público tradicionalmente atribuida al suministro eléctrico para introducir elementos de competencia.
Esta liberalización introdujo en el tablero un cuarto actor a tener en cuenta para el mencionado equilibrio, el mercado. El papel de éste, más que restringirse a defender el (legítimo) beneficio privado por una actividad industrial, ha conseguido deslizarse y penetrar en los otro tres para ejercer un dominio excesivo en el debate.
Es imposible resumir exhaustivamente las consecuencias que ha tenido la liberalización del sector eléctrico, pero hay dos esenciales para entender la situación a la que hemos llegado en estos catorce años:
- Se ha oscurecido la determinación del coste de la electricidad. Lo que antes era un acuerdo transparente entre empresas y Estado para asegurar una rentabilidad razonable se convirtió en un entramado de mecanismos económicos y financieros que dificulta al ciudadano de a pie tener la más ligera idea de qué está pagando, a quién y por qué. Una consecuencia es directa: se debilita el control que la sociedad tiene derecho a ejercer sobre temas que le afectan.
Este control está formalmente relegado a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), cuyas alertas durante estos años de posibles manipulaciones del mercado diario, de restricciones técnicas, de subastas de último recurso CESUR, etc. resbalan en los medios como si estuvieran escritas en marciano.
- Se ha distorsionado el debate en muchos aspectos, de tal suerte que hemos aprendido a convivir con ideas radicalmente opuestas: hay que fomentar las renovables y frenarlas, el déficit de tarifa es legítimo e injusto, etc.
Esta confusión se debe a menudo a la incorporación de argumentos desde el sector privado que no son debidamente contextualizados si se obvia que sus intereses últimos son la maximización del propio beneficio. Así, podemos encontrar a las grandes eléctricas ejerciendo sin pudor política energética (Gas Natural, Iberdrola), definiendo criterios técnicos interesados ([ciclos combinados], [megavatios para respaldar la eólica]) o financiando cátedras en el ámbito académico ([endesared], [cátedra Iberdrola]).
Nuevamente, el perjudicado es el ciudadano, que percibe el conflicto energético como algo demasiado complejo, lejano y lleno de contradicciones.
En este clima, la actual crisis global junto al déficit tarifario acumulado durante la última década (que supera los 24.000 millones de euros) señalan al sector eléctrico como susceptible de una reforma de envergadura.
Desde luego, sería una situación única para plantear un debate abierto y transparente en el que las instituciones públicas estuviesen a la altura de idear un acuerdo social e integrador con todas las afinidades. Por desgracia no hay indicios de que esto vaya a ser así, y me baso en algunos de los aspectos concretos que la actualidad nos ofrece:
- El debate está monopolizado por cómo acabar con el déficit de tarifa. La insistencia machacona de señalar las renovables como las culpables trajo una súbita eliminación de las primas. Lo urgente, la deuda con el sector privado, no deja lugar a lo importante (la posición privilegiada de nuestro país en energías renovables, el desarrollo industrial, la reducción de emisiones, etc.).
- No se están mencionando los 4.000 millones de euros que las eléctricas tienen pendientes de devolver para la liquidación definitiva de los Costes de Transición a la Competencia.
- No se está discutiendo la dudosa legitimidad de las centrales hidroeléctricas y nucleares sobre sus beneficios, que contaron con el respaldo del anterior Marco Legal Estable a la hora de hacer sus inversiones, y, por tanto, nunca corrieron el riesgo financiero “legitimador” en el actual marco de libre mercado.
- Tampoco se discute el injusto beneficio que las centrales nucleares recibirán por una extensión de la vida útil (a las que se retribuyó debidamente para amortizarlas sin tener en cuenta esta extensión) ni el de las centrales hidroeléctricas, cuyas peculiaridades impiden la libertad de entrada a nuevas centrales (también condición sine qua non del actual marco liberalizado).
- Se eliminan las primas a las renovables por considerarlas caras, pero nada se dice del descenso del precio del mercado diario que producen dichas renovables, y que según varios informes técnicos y publicaciones científicas (recogidas en [ewea]), compensan las primas invertidas. Este dato, que desmonta el argumento de que las renovables son caras (¡sin necesidad de internalizar beneficios medioambientales o sociales!) está desterrado del debate.
- Las posibles medidas para disminuir los costes nunca pasan por revisar la financiarización de los mecanismos que determinan el precio de la electricidad, tales como las subastas de último recurso CESUR, que aumentaron el precio de mercado un 12% desde 2007, llegando en algunos ejercicios a hacerlo el 54%.
Como conclusión, no cabe esperar mucho de una reforma del sector en las actuales condiciones de desorientación social y penetración del argumentario privado en los centros de decisión. Sin embargo, es nuestra responsabilidad como ciudadanos actuar desde nuestros propios ámbitos para reclamar el derecho a la información y a la defensa de políticas energéticas que busquen el interés común.
Como ejemplo, desde El Observatorio Crítico de la Energía hemos planteado varias iniciativas en este sentido, entre las que destacan la elaboración de un informe para entender el mercado eléctrico y un Actuable exigiendo una auditoría del déficit de tarifa.
Esto es sólo un grano de arena, pero es imprescindible no perder de vista que son los actores públicos y sociales, por el hecho de no tener intereses económicos en que el debate adquiera una u otra orientación, los protagonistas de una verdadera democratización de la energía.