Daphnia 68: Intervención sindical y medio ambiente en la empresa

Intervención sindical y medio ambiente en la empresa

Antonio Ferrer Márquez.ISTAS-CCOO

Las empresas y centros de trabajo constituyen un ámbito de intervención clave, como corresponsables de la situación creada y, a su vez, como vector clave para una transición ecológica que cambie las pautas del actual modelo de producción y consumo. Por ello CCOO ha elaborado el “Manual básico de intervención sindical en medio ambiente en el ámbito de las empresas, Administraciones públicas y centros de trabajo”.

El cambio climático,  junto a la escasez de recursos y materias primas y la degradación del medio ambiente, nos sitúa ante la necesidad de un cambio trascendente en el actual modelo económico,  productivo y de consumo.

Se trata de un reto de enorme magnitud que,  tal y como  recoge el  manifiesto Alerta de los científicos del mundo sobre una emergencia climática, recientemente publicado y  firmado por más de 11.000 expertos y expertas, debe implicar el establecimiento de una economía libre de emisiones de dióxido de carbono, la reforma del sector energético, la reducción de los contaminantes de corta duración, el restablecimiento de los ecosistemas, la optimización del sistema de alimentación y una población humana estable.

Estas metas requerirán de  transformaciones enormes en la forma en que funciona nuestra sociedad y en la manera en la que interactúa  con los ecosistemas naturales.  Una transformación que implicará  cambios rápidos y de gran  impacto en la industria, la agricultura, la energía, la construcción, el turismo, el transporte, etc.  y que, desde la perspectiva del mundo del trabajo, también representa un importante reto: según la Organización Internacional del Trabajo, al menos la mitad de la fuerza laboral mundial – equivalente a 1.500 millones de personas – está afectada por la transición hacia una economía más verde.

Lo anterior pone en evidencia  que la defensa de los puestos de trabajo está cada vez más ligada a la sostenibilidad ambiental de las empresas y  a la respuesta y adaptación de estas ante  los cambios que se avecinan.

Ante este escenario y desde una responsabilidad compartida, Administraciones públicas, partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, organizaciones sociales, ciudadanía y personas trabajadoras, cada uno en su ámbito de actuación, deben asumir su compromiso y  adoptar las medidas y comportamientos necesarios para dar respuesta a esta situación de emergencia climática que amenaza nuestra forma de vida, nuestro futuro y el de las generaciones venideras.

En este contexto, las empresas y centros de trabajo constituyen un ámbito de intervención clave, como corresponsables de la situación creada y, a su vez,  como vector clave para una transición ecológica que cambie las pautas del actual modelo de producción y consumo.

Para ello, la implicación de los trabajadores y trabajadoras y sus representantes sindicales  es fundamental. Como sujetos centrales del proceso productivo, cualquier medida de mejora ambiental que se pretenda implantar en los centros de trabajo deberá contar con su participación para garantizar la eficacia de las mismas.

Pero para que esta implicación se pueda materializar con garantías, es fundamental el reconocimiento  de competencias  ambientales entre la representación legal de trabajadores y trabajadoras, así como  el despliegue de los  medios e instrumentos para que su participación se pueda dar de la manera más amplia y efectiva.

Por tanto, y desde la perspectiva de  la responsabilidad sindical ante un contexto de profundos cambios y de gran impacto en el mundo laboral, la máxima prioridad de la representación sindical en el marco de la intervención ambiental en los centros de trabajo debe ser plasmar, en la negociación colectiva o acuerdos de empresa, el reconocimiento de facultades, derechos y obligaciones para participar en los aspectos ambientales. Y para ello, la  figura sindical  a reivindicar debe ser  el delegado o delegada de medio ambiente. 

En ocasiones, la realidad de los centros de trabajo y  la complejidad de los procesos de negociación puede  dificultar esta designación, pero esto no debe ser impedimento para  plantear, en todo caso, que sea otra figura u órgano de representación (delegado de personal, delegado de prevención, Comité de empresa, Junta de personal,…) quién ostente estas competencias ambientales.

Junto al reconocimiento de estas competencias ambientales, el acceso a la información ambiental relacionada con la actividad de las empresas y centros de trabajo es un elemento clave en el proceso de participación de la representación sindical en las cuestiones ambientales.

Por ello, esta debe ser otra de las premisas en la intervención sindical en las cuestiones ambientales en empresas y centros de trabajo.  Y en el supuesto de que el derecho a participar en los temas ambientales se plasme en la negociación colectiva o acuerdos voluntarios,  el acceso a la información ambiental deberá ser un elemento clave  entre las competencias que se acuerden.

Pero si el acceso a la información ambiental es una cuestión crucial para el ejercicio de competencias en materia ambiental, también lo es el que haya una clara y definida interlocución con la empresa.  Este hecho es fundamental para establecer el diálogo necesario en estas cuestiones. Por lo tanto, a la vez que se plantean y proponen el reconocimiento de competencias y obligaciones de la representación legal de los trabajadores en temas ambientales, también se debe solicitar a la empresa la designación de personas que desempeñen estas labores en representación de la empresa. Si estas competencias se alcanzan a través de la negociación colectiva, será necesario incluir en el convenio, pacto o acuerdo una mención expresa a esta designación por parte de la empresa.

Conviene tener muy en cuenta que no será posible el despliegue efectivo de una nueva generación de derechos ambientales de los trabajadores y trabajadoras, aunque se reconozcan en la negociación colectiva y/o en las leyes, si los sujetos individual y colectivamente considerados no son capaces de ejercerlos y de asumir las obligaciones derivadas de los mismos.  Ello nos sitúa, como representantes legales de los trabajadores y trabajadoras, ante  la necesidad y obligación de impulsar en paralelo no sólo acciones de sensibilización, absolutamente necesarias, sino planes de formación que, tanto en el plano profesional como en el sindical, permitan disponer de conocimientos y criterios a los trabajadores y sus representantes. Por tanto, es fundamental garantizar la formación adecuada de todos los trabajadores en relación con el impacto ambiental de su puesto de trabajo y, en el caso de los representantes legales, esta formación se deberá ajustar, además, a las necesidades derivadas de sus responsabilidades.

Para impulsar  este proceso de intervención sindical en los temas ambientales, la Secretaría Confederal de Medio Ambiente y  Movilidad de CCOO, con el apoyo técnico de ISTAS-CCOO, ha lanzado la campaña “Impulsa la Transición”, con la que  pretende abrir el debate de la transición ecológica  en las empresas e impulsar el reconocimiento generalizado de la figura del delegado/delegada  de medio ambiente. Asimismo, pretende responder a la necesidad de seguir dando herramientas a los trabajadores y sus representantes  para el despliegue efectivo de actuaciones y propuestas para colaborar en la acción climática  en los centros de trabajo y en la gestión de sus riesgos e impactos ambientales.

Entre los distintos materiales elaborados en el marco de esta iniciativa destaca, por su carácter práctico y orientativo, el Manual  básico de intervención sindical en  medio ambiente en el ámbito de las empresas, Administraciones públicas y  centros de trabajo. En el mismo, además de desarrollar de manera exhaustiva los elementos clave resumidos en este artículo, se proporcionan  una serie de orientaciones y pautas para colaborar en la mejora ambiental en los  centros de trabajo a partir de la intervención de los trabajadores y sus representantes en una serie de aspectos ambientales clave como son el cambio climático y energía, agua, movilidad sostenible y políticas de compras  verdes y socialmente responsables. 

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