El Congreso veta la fiscalidad ambiental

La Mesa del Congreso rechazó la proposición de ley de fiscalidad ecológica promovida por IU-ICV, ecologistas y CCOO.

La Mesa del Congreso de los Diputados rechazó el pasado martes 25 de mayo la tramitación de la proposición de ley sobre fiscalidad ambiental promovida por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV), WWF, Ecologistas en Acción, Greenpeace y CCOO, y que fue inscrita en el Registro del Congreso en julio de 2009.

El objetivo de la propuesta es acometer cambios en el actual marco normativo fiscal introduciendo criterios ambientales en los impuestos existentes, creando nuevos impuestos y reformando con criterios ambientales la fiscalidad de las haciendas locales.

"En un momento de crisis como el actual, la fiscalidad ecológica puede ser una herramienta de recaudación con criterios de equidad social, de modo que pague más quien más contamina", señaló Llorenç Serrano, secretario confederal de Medio Ambiente de CCOO.

"España necesita una reforma fiscal que mejore las rentas del trabajo, que grave progresivamente las rentas de capital, que recupere ciertos impuestos (como el de patrimonio y sucesiones), algo a lo que podría contribuir la proposición de ley sobre fiscalidad ambiental", dijo.

Para Serrano, "la fiscalidad ambiental puede cumplir dos funciones, ser socialmente progresiva, al internalizar costes ambientales que ahora no se tienen en cuenta, y gravar los usos suntuarios y el uso desproporcionado de recursos y energía. Además, puede sentar las bases para estimular un cambio de modelo productivo".

La proposición de ley prevé nuevos impuestos sobre la energía nuclear, el vertido y la incineración de residuos y las bolsas de plástico. Estos impuestos se suman a modificaciones que se introducen en los ya existentes sobre hidrocarburos, matriculación, impuesto de sociedades, IRPF e IVA. Por lo que respecta a las haciendas locales, se modifican las tasas de residuos, el impuesto de circulación, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Con esta iniciativa se persigue gravar en mayor medida las actividades más contaminantes, eliminar ciertos beneficios fiscales ambientalmente injustificables y bonificar las prácticas más sostenibles. El objetivo fundamental y prioritario de la propuesta es modificar comportamientos de los ciudadanos y las empresas en el consumo de bienes y servicios, sustituyendo los de mayor impacto ambiental y emisiones de CO2 por otros de menor impacto y más eficientes energéticamente.

También se busca promocionar sistemas de transporte y usos del suelo más sostenibles, el fomento del transporte público y de los vehículos menos contaminantes, la rehabilitación de viviendas, una agricultura más sostenible, las energías renovables e inversiones ambientales.

Las propuestas

Algunas de las modificaciones que se introducen en los impuestos actualmente existentes son:

  • En el impuesto sobre hidrocarburos se elimina la exención que hasta ahora tenía para los vuelos domésticos, se aumentan las tarifas del fuel óleo y se busca la convergencia de tipos entre el gasóleo y la gasolina. 
  • En el impuesto sobre determinados medios de transporte (matriculación), se elimina la exención del impuesto de la que disfrutaban hasta ahora todas las embarcaciones de recreo y las aeronaves. En los vehículos y motocicletas se refuerza el vínculo entre el tipo impositivo y las emisiones de CO2, aumentando el número de categorías existentes y tomando en consideración otras formas de contaminación por medio de las categorías euro. 
  • En el impuesto de sociedades, se introducen deducciones para inversiones de ahorro de energía y agua y en gastos para favorecer la movilidad sostenible de sus trabajadores. 
  • En el IRPF, se introduce una deducción por adquisición de abonos de transporte público por parte de los trabajadores.

Los nuevos impuestos (estatales) que se crearían son:

  • Un impuesto sobre la energía nuclear y el almacenamiento de residuos radiactivos, cuya recaudación se destinaría en parte a un fondo para el desarrollo alternativo de las zonas donde se ubican las centrales. 
  • Un impuesto sobre el vertido y la incineración de residuos, cuyos ingresos se cederían a las comunidades autónomas, salvo aquellas que ya lo tienen establecido.
     
  • Un impuesto sobre las bolsas de plástico de un sólo uso, similar al establecido por Irlanda. 
  • Un impuesto sobre el cambio de uso del suelo, cuya finalidad es desincentivar la urbanización excesiva gravando las actuaciones de nueva urbanización y favoreciendo un urbanismo compacto. 4 Un impuesto sobre sustancias de elevado nivel de preocupación, como las clasificadas por la normativa como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción, para favorecer el consumo de sustancias alternativas menos dañinas para la salud humana y laboral.

Cambios en las haciendas locales:

  • Las tasas de residuos se definirían con criterios ambientales.
  • Los tipos del IBI se modularían en función del certificado energético del edificio y la segunda residencia tendría un recargo. 
  • El impuesto de circulación se modularía también según las emisiones de CO2 y las categorías euro. 
  • En el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras se diferenciaría entre las de suelo urbano consolidado o edificado y las unifamiliares y se bonificaría el aprovechamiento de aguas grises. Similar diferenciación se aplicaría en el impuesto de plusvalías. 
  • En el IAE se eliminaría la bonificación que ahora tienen las empresas alejadas del casco urbano, que actualmente carece de sentido, y se bonificaría a empresas con transporte colectivo o plan de movilidad, o con sistema de gestión ambiental EMAS.

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